Tegucigalpa.- Eduardo Lanza, subdirector de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), consideró que la debilidad del juzgamiento de dicho flagelo es su carácter privado, es decir, se necesita instancia de partes como la denuncia de la víctima.
Esto se diferencia a los ilícitos como el tráfico de drogas y el de portación ilegal de armas, considerados de orden público donde las afectadas son la salud pública y la seguridad del Estado, respectivamente.
En las causas anteriores, el Ministerio Público actúa de oficio, sin necesidad de denuncia o iniciativa de partes.
Por eso «hay que hacer una reforma de la ley (Código Penal) para no exponer tanto a la víctima (de extorsión), no la podemos estar revictimizando y exponiéndola a un proceso de esta naturaleza (orden privado)», manifestó en Frente a Frente, de Canal 5.
Al respecto, Lanza recomendó que la extorsión podría pasar a tipificarse como afectado al patrimonio de Honduras, pues el flagelo ataca porque afecta bienes de los ciudadanos, empresarios y recolección de impuestos del Estado.
¿Qué cambiaría para enjuiciar a un extorsionador?
«Cambiando esa figura le da más efectividad a la persecución penal, porque bastaría encontrar a una persona con una cantidad de dinero ‘x’ de origen ilícito, que no muestre su procedencia», para remitirla a un proceso penal, indicó el subdirector de Dipampco.
«Bastaría con encontrar a una persona con un teléfono celular con mensajes extorsivos; bastaría con un grupo de personas asociadas para delinquir haciendo disparos a ‘x’ lugar para poderlas remitir a una instancia fiscal y que la víctima sea el Estado de Honduras», agregó.
Finalmente, el funcionario destacó que con la reforma se evitaría requerir de un testigo, la víctima o apoderado legal, para presentar la carga probatoria ante el juez o fiscal, pues en sustitución la generarían los entes de seguridad mediante técnicas de investigación.
Con estos factores, Dipampco proyecta que habrá una disminución de incidencia de extorsión, pues el actual problema en su lucha es la falta de denuncia de la población, muchas veces, por temor a represalias de los criminales.
