Tegucigalpa.- La comisión especial del Congreso Nacional presentó conclusiones y recomendaciones de la investigación hecha a las autoridades anteriores del Ministerio Público.
Una comisión especial del Congreso Nacional entregó al fiscal general Johel Zelaya varios casos de corrupción encontrados durante la investigación a las autoridades del Ministerio Público (MP) en el periodo 2018-2023, incluyendo la existencia de una estructura que impide realizar acciones contra el crimen organizado.
«Hay una estructura criminal dentro del Ministerio Público en mandos intermedios que sigue obstaculizando el combate de la criminalidad organizada en Honduras», dijo durante una conferencia de prensa en las afueras del MP, el diputado Ramón Barrios.
Los casos presentados incluyen la posible comisión de varios ilícitos con la participación de varias personas, algunas de ellas que aún laboran en la Fiscalía, e involucran también a «reconocidos empresarios y políticos», señaló también la diputada Silvia Ayala.
Ayala mencionó que entre los casos documentados de irregularidades se encuentran asuntos relacionados con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Medicina Forense y algunas fiscalías, pero corresponderá al actual Ministerio Público darles continuidad conforme a derecho, porque «a nosotros solo nos corresponde presentar conclusiones y proponer recomendaciones».
Recomendaciones
La comisión especial reiteró su sugerencia de que el Ministerio Público suspenda del cargo que ostenta actualmente la extitular de la DNCN, Soraya Cálix, debido a las denuncias en su contra por parte de efectivos durante su administración.
«Estos casos están vinculados con el ex fiscal general Óscar Chinchilla, ya que tanto por acción como por omisión se dieron situaciones que están planteadas en el informe», agregó Ayala.
Los diputados que integraron la comisión aseguraron que los casos presentados fueron debidamente sustentados en un 90 por ciento con testimonios de empleados de la Fiscalía hondureña, la cual «tiene el reto de ejercer la acción penal pública».
