San Salvador.- El avance de esquemas autoritarios en los países que integran el llamado Triángulo Norte centroamericano -El Salvador, Guatemala y Honduras- provoca un incremento de la violencia estatal y violaciones a derechos humanos a los ciudadanos, según un informe presentado este jueves en San Salvador.
El documento denominado ‘Violencia estatal: máxima expresión de abuso de poder en la región norte de Centroamérica» fue elaborado por la organización no gubernamental Cristosal.
La ONG señala, en el informe, que en esta región la violencia estatal se ha convertido en la máxima expresión del abuso de poder, afectando principalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, defensores de territorios de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades empobrecidas y marginadas.
De acuerdo con lo investigado, las regresiones democráticas y el avance de esquemas autoritarios han provocado un incremento de la violencia estatal y violaciones de derechos humanos en los tres países, en mayor medida en Guatemala y El Salvador.
Apunta que, tras la crisis originada por la pandemia de la covid-19, «el uso de poderes de emergencia ha cobrado singular popularidad en la región para afrontar toda clase de crisis sanitarias, económicas, sociales y de seguridad».
Solo en el período de julio de 2021 a mayo de 2023 la organización registró doce decretos de emergencia en los tres países, once de ellos fueron motivados por temas de seguridad.
«Esto ha llevado a la restricción o suspensión de derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de movimiento, el derecho de reunión y manifestación, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, la detención legal y el derecho a la defensa, entre otros», indica.
Cristosal señala que «es preocupante» el número de días en los cuales las poblaciones han estado bajo suspensión de derechos y garantías constitucionales, sobrepasando los 400 días en el caso de El Salvador, 253 en Guatemala y 177 en Honduras.
«El abuso de este recurso ha generado la normalización de prácticas abusivas y violencia por parte de agentes de seguridad, convirtiendo las medidas excepcionales en una licencia para violar los derechos humanos de forma permanente», subraya la organización.
Apunta que el país con el mayor número de días con suspensión de derechos y garantías constitucionales para sus ciudadanos es El Salvador.
Cristosal propone que los países de la región «eviten el uso inapropiado de los poderes de emergencia y utilicen las herramientas constitucionales para abordar la criminalidad».
Además, insta a «limitar el ejercicio del poder punitivo al sistema judicial y a evitar la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política».
«Es importante que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la resolución de conflictos territoriales y la restitución de tierras. Así como fortalecer mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, a través de una ruta crítica que abarque prevención, seguimiento, investigación, protección y reparación de violaciones», agrega. EFE
