Barcelona (España), 16 ago (EFE).- Tres jóvenes marroquíes serán juzgados próximamente en relación con los atentados de Barcelona y Cambrils (noreste español) de hace tres años, que causaron 16 muertos y más de cien heridos, aunque ninguno fue procesado por asesinato, mientras sigue la investigación sobre posibles conexiones terroristas internacionales.
La Audiencia Nacional de España los procesó como presuntos miembros -los únicos vivos- de la célula yihadista considerada responsable de los atentados, un criterio que la Fiscalía apoya, pues los supuestos autores murieron por disparos de la Policía y en una explosión.
Por el contrario, es una decisión rechazada por las víctimas, que temen la impunidad de los acusados por tales crímenes y, además, quedarse sin las indemnizaciones que les correspondieran.
Barcelona recordará mañana a los muertos y heridos un año más, esta vez en un homenaje restringido debido a la covid-19.
El 17 de agosto de 2017, una furgoneta causó la muerte de 14 personas y decenas de heridos de varias nacionalidades en la popular zona peatonal de Las Ramblas de Barcelona, otra murió apuñalada y la última víctima falleció atropellada por los terroristas en la localidad costera de Cambrils (provincia catalana de Tarragona).
La Audiencia Nacional mantiene, bajo secreto de sumario, otras líneas de investigación de posibles apoyos en el extranjero. Algunos movimientos de los terroristas sin explicación aparente en Francia, Bélgica o Marruecos alimentan esas sospechas.
TARDE DE PÁNICO
Aquel día por la tarde, Younes Abouyaaqoub iniciaba la matanza en una furgoneta alquilada, con la que zigzagueó durante 800 metros a toda velocidad por el centro de Barcelona. Después huyó a pie y apuñaló a un joven para robarle el automóvil y proseguir la fuga, hasta que agentes catalanes de seguridad lo tirotearon el 21 de agosto.
Por la noche, cinco terroristas más intentaron otro crimen en el paseo marítimo de Cambrils (provincia de Tarragona), donde atropellaron a varias personas, con el resultado de un muerto, y apuñalaron a otras. También fueron abatidos por la Policía catalana.
Según las investigaciones, los atentados se improvisaron al frustrarse los planes de colocar explosivos en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, unos de los monumentos más conocidos de España.
La víspera había estallado una vivienda en Alcanar (Tarragona) cuando los yihadistas preparaban, supuestamente, las bombas para ese gran atentado, que querían cometer el 20 de agosto, según los investigadores.
En esa explosión murieron dos terroristas, entre ellos el imán Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro y líder espiritual del grupo. En 2015 emprendió el adoctrinamiento de los miembros, jóvenes de origen marroquí, en la mezquita de Ripoll (provincia catalana de Gerona).
Varios de los terroristas efectuaron un viaje relámpago a París días antes de los atentados, en el que compraron una cámara fotográfica y tarjetas de teléfono y estudiaron los accesos a la Torre Eiffel.
A últimos de 2016, tres de ellos, incluido Abouyaaqoub, habían viajado a la capital francesa, con una breve escapada de un día a Bélgica, donde Es Satty había sido imán, aunque expulsado de una mezquita por su deriva radical.
NINGÚN PROCESADO POR LOS ASESINATOS
Después de tres años de investigaciones, la Audiencia Nacional de España zanjó la causa principal sin ningún procesado por los asesinatos y los heridos, sino por delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos.
Los acusados son Mohammed Houli Chemlal, que sobrevivió a la explosión de Alcanar, y Driss Oukabir, hermano de uno de los supuestos terroristas fallecidos y a cuyo nombre se alquiló la furgoneta del atropello de Barcelona.
El tribunal ciñe su papel a la pertenencia a la célula y a los preparativos con explosivos, sin vincularlos directamente con los atentados de Barcelona y Cambrils.
El tercer acusado, Said Ben Iazza, está procesado por colaboración con organización terrorista por facilitar, supuestamente, una furgoneta para transportar el peróxido de hidrógeno necesario para fabricar los precursores de los explosivos.
DECEPCIÓN ENTRE LAS VÍCTIMAS
Mientras la Fiscalía pide para ellos penas de entre 8 y 41 años de prisión, gran parte de las acusaciones particulares ejercidas por las víctimas plantean condenas superiores a los 2.000 años de cárcel y prisión permanente revisable (la máxima figura penal en España) por delitos de asesinato e intento de asesinato.
Robert Manrique, portavoz de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), no oculta su «decepción» con el proceso judicial, que a su parecer permitiría al Estado ahorrarse indemnizaciones millonarias si los acusados fueran insolventes.
El Ministerio de Interior español informó de que ha reconocido como víctimas a 116 personas, entre ellas 16 fallecidos, a las que pagó más de seis millones de euros en indemnizaciones y ayudas. EFE
