Tegucigalpa.- En un giro sorprendente, el director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, ha sido exonerado de todas las acusaciones de corrupción por malversación de fondos públicos que pesaban en su contra. Este acontecimiento se produjo tras la aplicación del polémico Decreto de Amnistía Política, un movimiento que ha suscitado críticas y controversias en la nación centroamericana.
La Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dictaminó el sobreseimiento definitivo a favor de Barahona, basándose en la controvertida Ley de Amnistía Política, que ha sido objeto de debate por su potencial para permitir la impunidad de funcionarios implicados en casos de corrupción.
Barahona, quien anteriormente ocupaba el cargo de gerente administrativo en la Secretaría de la Presidencia durante el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, había sido acusado de malversación de fondos provenientes del gobierno de Taiwán. Sin embargo, con esta decisión judicial, las acusaciones en su contra han sido descartadas, generando indignación entre sectores de la sociedad hondureña.
Este caso no es único, ya que también se había acusado al exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, por 11 delitos de malversación en el mismo contexto. Sin embargo, Flores Lanza también fue absuelto gracias a la Ley de Amnistía, lo que ha avivado las críticas sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas en el país.
Las investigaciones y acusaciones surgieron a raíz de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que señalaba la responsabilidad de los funcionarios en la malversación de fondos, estimada en más de un millón de dólares. A pesar de esto, tanto Barahona como Flores Lanza han esquivado la justicia, alegando que las acusaciones eran parte de una persecución política en su contra.
Este controvertido episodio ha vuelto a poner de manifiesto los desafíos que enfrenta Honduras en su lucha contra la corrupción y la impunidad, así como la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
