No hay interés de ningún operador político para que se elija al Fiscal General y Adjunto, manifiesta el abogado Raúl Pineda

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Tegucigalpa.- El abogado Raúl Pineda Alvarado manifestó que, en su percepción, no existe un interés marcado por parte de los operadores políticos en la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto.

La Junta Proponente ha remitido al Congreso Nacional una lista de cinco candidatos aspirantes a liderar el Ministerio Público, y en este contexto, el abogado Raúl Pineda Alvarado abordó la situación desde una óptica crítica.

A su criterio, esa falta de interés se fundamenta en la ausencia de una relación sólida y directa entre los candidatos propuestos y las figuras influyentes o líderes de los partidos políticos.

El abogado sugiere que los candidatos actuales en la propuesta no mantienen vínculos estrechos con las cúpulas políticas, lo que podría implicar un distanciamiento de las dinámicas tradicionales de influencia política en la Fiscalía General.

En esta línea, Pineda Alvarado proyecta que los candidatos a Fiscal General y Adjunto podrían marcar un nuevo enfoque, distanciándose de la historia de fiscales que han sido percibidos como subordinados a la clase política que ostenta el poder nacional en un momento dado.

El abogado subrayó la necesidad de reformas constitucionales para un reparto más equitativo y justo en el ámbito político.

En este sentido, sugirió que el candidato idóneo sería el actual fiscal Óscar Fernando Chinchilla, argumentando que su perfil favorecería los intereses del Partido Nacional, aunque cuestiona su historial en la lucha contra la corrupción durante dos periodos de gobierno.

En cuanto a los otros partidos, Pineda Alvarado expresó que al Partido Libre no le convendría un Fiscal sumiso a influencias externas, mientras que el Partido Liberal no encontraría incentivos para respaldar a un candidato particular.

El entrevistado también destacó que la presencia de un Fiscal General efectivo podría reducir la necesidad de instancias internacionales como la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y la intervención de extranjeros en la administración de justicia.

Sin embargo, Pineda Alvarado enfatizó que el problema no se limita al Fiscal General individual, sino que radica en la necesidad de una profunda reforma del Ministerio Público en su conjunto. Propuso una reingeniería integral en su estructura y fiscalías.

El abogado concluyó su análisis argumentando que la elección del Fiscal General debe ir acompañada de reformas legislativas para empoderar y fortalecer al Ministerio Público.