Como pacto de impunidad califica Marlon Lara el nombramiento de nuevas autoridades

0
318

Tegucigalpa.- El nombramiento del ahora fiscal general Johel Zelaya, desde el principio estuvo mal porque fue nombrado por una comisión permanente ilegal y ahora por un pacto de impunidad, dijo el diputado del Partido Liberal Marlon Lara.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, ha expresado su preocupación por el reciente nombramiento del fiscal Joel Zelaya, porque, según afirma, carece de legitimidad.

En declaraciones a los medios, Lara ha denunciado que este nombramiento es resultado de un acuerdo que permite el abuso de poder y que favorece los intereses de ciertos sectores, en lugar de seguir principios y resoluciones del partido.

«El fiscal Joel Zelaya fue nombrado por una comisión permanente ilegal, lo que implica un pacto de impunidad que no podemos avalar», afirmó Lara. «La percepción del pueblo es que este nombramiento se ha realizado bajo un pacto de impunidad, que ha permitido la juramentación de cargos en la fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas, La Unidad de Política Limpia y El Tribunal de Justicia Electoral».

El diputado cuestionó por qué no se condiciona el acuerdo para llegar a consensos en base a los principios y resoluciones del partido, sugiriendo que el Partido Liberal desconoce a Zelaya como autoridad del Ministerio Público debido a su nombramiento en una comisión ilegal.

Lara propuso alternativas como Jeny Almendarez y Marcio Cabañas, candidatos brindados por la Junta Proponente, pero lamentó que no se hayan tomado en cuenta.

«¿Por qué no poner a Jeny Almendarez o a Marcio Cabañas, u otro candidato propuesto por la Junta Proponente? ¿Por qué no se apoya la propuesta de la mayoría, como en toda democracia?,cuestionó Lara.

Es evidente que hay intereses particulares en juego, y no se están respetando los principios democráticos ni las decisiones mayoritarias, remarcó.

 El diputado, reiteró su malestar por los acuerdos que solo favorecen a Libre y su preocupación por la legitimidad de las instituciones y la necesidad de garantizar la imparcialidad en la designación de cargos clave en el sistema judicial y de control del país.