Tegucigalpa.- La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la impunidad marcaron la situación de los derechos humanos en Honduras en 2021, de acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
De igual manera, el informe señala que las consecuencias que dejó la pandemia del COVID-19 y las devastaciones por el paso de los huracanes Eta y Iota en 2020.
La representante del OACNUDH, Isabel Albaladejo Escribano, indicó que los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía fueron afectados por la pandemia, que agravó los niveles de pobreza y desigualdades.
Asimismo, expresó su preocupación por los niveles de violencia e inseguridad ciudadana, especialmente el impacto en las mujeres y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgenero e Intersexual (LGBTI).
Proceso electoral
Albaladejo Escribano comentó que el 2021 en Honduras estuvo marcado por el proceso electoral, detallando que desde su convocatoria hasta el día D, la OACNUDH registró 69 casos de violencia: 32 muertes, 17 atentados, 12 amenazas, siete agresiones y un secuestro.
Entre las 69 víctimas están: 26 alcaldes, 12 miembros activos de partidos políticos, siete diputados, siete activistas, seis familiares de candidatos, cuatro regidores y otros.
El departamento de Francisco Morazán fue la zona donde ocurrieron la mayor cantidad de número de hechos de violencia de política electoral con 15 casos, seguido de Santa Bárbara con nueve.
La OACNUDH lamentó que, desde la convocatoria a elecciones primarias hasta el día de los comicios generales, seis mujeres fueron víctimas de violencia en el contexto electoral.
Acceso a la justicia
La representante de la OACNUDH expuso que el acceso a la justicia el año pasado continuó afectado por barreras estructurales y problemas sistémicos.
Detalló que las principales falencias del sistema de justicia fueron el debilitamiento de la independencia judicial, causado por la falta de procesos de selección de funcionarios que garanticen criterios de idoneidad, mérito y competencias técnicas.
Además, mencionó que otro factor es la falta de motivación suficiente de las decisiones judiciales y la impunidad.
Albaladejo Escribano añadió que la legislación hondureña limitó la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso penal.
Manifestó que la pandemia profundizó algunas debilidades como la falta de adecuación de espacios físicos y superar las falencias en el funcionamiento de las plataformas digitales en el Poder Judicial.
Ejemplificó el caso del juicio oral a David Castillo, acusado por la muerte de Berta Cáceres, en la que duro tres meses el proceso y hubo restricciones en la participación de las víctimas.
Asimismo, mencionó que el proceso judicial contra los defensores del medioambiente del caso Guapinol, en la que les extendieron la prisión preventiva tras estar dos años privados de su libertad.
La OACNUDH lamentó el poco avance en las investigaciones a las alegaciones de violaciones de derechos humanos por la crisis política de 2009 y la crisis postelectoral de 2017, así como la desaparición de cinco garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz.
Seguridad y DDHH
El informe indicó que el modelo del año pasado estuvo caracterizado por el fuerte rol de las Fuerzas Armadas, que cumplieron funciones en materia de seguridad ciudadana, especialmente la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Reveló que el presupuesto fue mayor para la Secretaría de Defensa que para la de Seguridad.
La OACNUDH sostuvo la necesidad de que el Estado avance en el cumplimiento de reducir gradualmente la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad ciudadana y de crear un plan definido para completar la reforma de la Policía.
Reveló que en 2021 se reportó 32 casos de violaciones de DDHH cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, de los cuales, 14 son muertes por detención, 12 torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y seis ejecuciones extrajudiciales.
Entre estos casos de violaciones de DDHH está la muerte de la joven Keyla Martínez en una estación policial tras ser detenida por incumplir el toque de queda en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.
La representante también informó que la OACNUDH documentó de nueve posibles casos de tortura o malos tratos por miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) durante interrogatorios realizados antes del registro formal de la detención.
Sistema penitenciario
Señaló que al menos 63.5 % de la población penitenciaria está recluida en centros dirigidos por personal militar, y 19.4 % y 17.1 %, respectivamente, en centros dirigidos por la Policía Nacional y personal civil.
La representante de la OACNUDH citó datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que las cárceles hondureñas albergan 20 mil 687 adultos privados de su libertad, de las cuales, mil 219 son mujeres, pero solo hay una capacidad de 14 mil 780.
Externó que existe un alrededor del 40 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario.
Albaladejo Escribano expresó preocupación por el uso excesivo de la medida de prisión preventiva en el reto de los descongestionamientos de los centros penitenciarios.
Durante el 2021 fueron documentadas seis reyertas en centros de máxima seguridad que resultaron en ocho reclusos muertos y más de 55 heridos.
Condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de los internos por parte del personal penitenciario, en actos que podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Corrupción
El informe de la OACNUDH señala que el decreto 93-2021 que reformó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos eliminan el enriquecimiento ilícito y la falta de justificación económica como conductas precedentes al bloque de capitales.
Registró unos 17 casos en la que personas asociadas a corrupción y lavado de activos, fueron sobreseídas tras la entrada en vigor de la reforma.
Lamentó que seis miembros del desparecido Consejo de la Judicatura fueron sobreseídos por 600 delitos de malversación de caudales públicos.
