Abogados cuestionan la lentitud de las autoridades para asegurar los bienes de JOH

0
391

Tegucigalpa.- El profesional del derecho, Raúl Suazo, cuestionó a las autoridades hondureñas luego de qu, la Procuraduría General de la República (PGR) diera marcha atrás en su solicitud al Ministerio Público (MP) de asegurar los bienes de Juan Orlando Hernández.

Para Suazo la Ley de Privación de Dominios es clara, por lo que los medios de prueba se pueden asegurar, lo que no significa que el acusado pueda perder sus bienes.

“Lo expresado mediante comunicado por la PGR solicitando la intervención del Ministerio Público en el aseguramiento de sus bienes y luego que se haya retractado a fin de esperar hasta que se difiera el aseguramiento hasta que esté confirmada la extradición, me pareció muy raro, ya que la Ley de Privación de Dominio, con el fin de asegurar los bienes, puede el MP preventivamente asegurarla para evitar que se traspasen, se oculten o se desaparezcan, y no estaría infringiendo la Ley”, detalló el abogado.

Cabe señalar que, el cuerpo de defensa del ex mandatario, Juan Orlando Hernández, está a la espera que se dé una respuesta al recurso de apelación que ha sido interpuesto contra la resolución del juez ejecutor de conceder la extradición solicitada por Estados Unidos.

En tanto concluye esta etapa del proceso, varios sectores presionan para que los bienes adquiridos por el ex gobernante y su círculo familiar, sean asegurados.

Expertos han señalado, que el Ministerio Público debió hacer iniciado los trámites para una posible privación de dominio desde que Hernández comenzó a ser mencionado en actividades ilícitas.

Una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) detalla que Hernández y su círculo familiar tienen en su haber 109 bienes valorados en 266.5 millones de lempiras.

Las indagaciones indican que las empresas Servicios de Seguridad Lempira e Inversiones del Rio son parte de las posesiones de la familia. Entre las dos suman ocho bienes que se cotizan en 126.5 millones de lempiras y fueron adquiridas entre 2010 y 2021.

Aparecen seis bienes inscritos en nombre de Juan Orlando Hernández gestionados entre 2003 y 2013 y valorados en 16.2 millones de lempiras.

La ex primera dama Ana García es mencionada en el reporte del CNA como propietaria de un bien que fue tomado en 2022 y cuya compra-venta se realizó por una cantidad de 2.4 millones de lempiras.

La cuñada del ex mandatario, Julia Marina García, se suma con cuatro posesiones que habrían sido adquiridas en el período 2009-2021 por una cifra de 900,000 lempiras.

Otro de los hermanos de la ex primera dama, Guillermo Francisco García, no escapa a las investigaciones sobre la riqueza acumulada por la familia Hernández. En este caso, se cuentan dos inmuebles de los que se desconoce su avalúo y su fecha de compra.

Lottie Eugenia García, también hermana de Ana García, figura como la propietaria de tres bienes adquiridos en 2018 por la cifra abultada de 21.6 millones de lempiras.

La propia suegra del ex gobernante, Carlotta Eugenia Carías, es nombrada como poseedora de ocho bienes que acumuló entre 1993 y 2010 por la suma de 1.6 millones de lempiras.

La desaparecida hermana del ex titular del Poder Ejecutivo, Hilda Hernández Alvarado, era dueña de 11 inmuebles cotizados en casi 14 millones de lempiras.

La sucesión está marcada por Juan Antonio Hernández, enjuiciado y condenado en Nueva York por narcotráfico. El reporte del CNA le adjudica cinco bienes comprados entre 2005 y 2015 por la suma de 3.5 millones, mientras que otro de los hermanos del clan, José Amílcar, aparece con tres propiedades valorados en 2.2 millones.

Marco Tulio Hernández, uno de los hermanos mayores de Juan Orlando, tiene registrados ocho bienes valorados en más de 10 millones de lempiras. En tanto que la cuñada, María Elena Matute, es nombrada en la lista con siete bienes cuyo costo es de dos millones.

En el análisis sobre el patrimonio de los Hernández se añade la Inmobiliaria Villaverde con un costo de alrededor de 50 millones de lempiras.

Las investigaciones que se supone se realizarán en lo sucesivo determinarán si estos inmuebles tienen una procedencia legítima y legal y si no están vinculados con las actividades que se le imputan al ex mandatario, cuya entrega a la justicia de EEUU ha sido concedida.