Tegucigalpa.-La Organización de Naciones Unidas ha expresado a través de un comunicado oficial su preocupación respecto al marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya implementación podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.
Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos revela la nota, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros aspectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas entidades respecto a la administración de servicios públicos, del sistema de justicia y del sistema penal.
En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad de población de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a disponibilidad del régimen especial de las ZEDE. Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales.
El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país, a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.
