El Congreso Nacional anunció reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contemplan endurecer las penas por terrorismo hasta la privación de libertad de por vida, así como ampliar las facultades de las autoridades policiales en determinadas operaciones contra estructuras criminales.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, informó que la propuesta establece condenas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que sus cabecillas y quienes recluten menores de edad para incorporarlos a maras, pandillas y grupos terroristas podrían enfrentar penas de 40 años hasta prisión de por vida. Las mismas sanciones se contemplan para quienes causen la muerte de miembros de las instituciones de seguridad y justicia, según lo expuesto por el funcionario.
Entre los cambios planteados figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales contra personas detenidas por su presunta vinculación con grupos terroristas. Además, se propone autorizar allanamientos sin orden judicial en operaciones interinstitucionales, con la participación de fiscales del Ministerio Público, de acuerdo con las condiciones descritas por las autoridades.
La iniciativa también incluye disposiciones relacionadas con la identificación de integrantes de maras y pandillas mediante tatuajes alusivos a estas organizaciones, así como sanciones para las personas privadas de libertad que incumplan las normas establecidas en los centros penitenciarios y módulos de máxima seguridad.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, reafirmó el compromiso del Poder Judicial en el combate contra la delincuencia común y organizada. En tanto, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, manifestó la disposición del Ministerio Público de contribuir a los esfuerzos institucionales para enfrentar estos delitos.
Las reformas buscan fortalecer las herramientas legales y operativas del Estado para combatir las estructuras criminales y mejorar la seguridad de la población hondureña. Su alcance definitivo dependerá del contenido aprobado y de los procedimientos legales correspondientes.
