La Unión Europea (UE) ha aprobado un nuevo marco jurídico común para agilizar y hacer más efectivos los procedimientos de retorno de ciudadanos de terceros países que no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario.
El nuevo Reglamento sobre Retornos, aprobado definitivamente por el Consejo de la UE en octubre, sustituye las normas vigentes desde 2008 y establece procedimientos comunes para las decisiones de retorno y su ejecución.
Entre las principales medidas se contempla un mayor control sobre las personas sujetas a una orden de expulsión, quienes deberán cooperar con las autoridades y abandonar el territorio europeo. En determinados casos, los Estados miembros podrán recurrir a medidas de detención para evitar fugas y facilitar la ejecución de las órdenes de retorno.
La normativa también permite establecer centros de retorno en terceros países, mediante acuerdos con países que respeten las normas internacionales y el principio de no devolución. Estos centros buscan facilitar la salida de personas que no tienen derecho a permanecer en la UE.
Asimismo, las nuevas reglas refuerzan las medidas contra quienes intenten evadir los procedimientos de retorno, incluyendo obligaciones como presentarse periódicamente ante las autoridades, residir en lugares determinados o aportar garantías económicas en determinadas circunstancias.
El reglamento establece además que la expulsión forzosa podrá aplicarse cuando una persona no cumpla la obligación de abandonar el territorio, no coopere con las autoridades, se traslade sin autorización a otro Estado miembro o represente un riesgo para la seguridad.
Las instituciones europeas aseguran que el nuevo sistema mantiene garantías fundamentales, entre ellas el derecho de acceso al asilo, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución, además de evaluaciones individuales de cada caso.
Con esta reforma, la UE busca aumentar la efectividad de los retornos, en un contexto en el que las instituciones comunitarias consideran insuficiente el número de expulsiones efectivamente ejecutadas y pretenden unificar los procedimientos entre los Estados miembros.
