Tegucigalpa.- La Mesa Ciudadana y otras organizaciones pro democráticas del país han emitido un comunicado en las últimas horas en el que exigen una Honduras sin corrupción y sin impunidad en el marco de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa de ley que pretende establecer nuevas reglas para regular la selección de los magistrados de la Corte Suprema”, señala el escrito.
La finalidad, se indicó, es la de reducir la discrecionalidad de la Junta Nominadora, identificando factores de ponderación y criterios de evaluación que garanticen la selección de candidatos probos, independientes y capaces.
Lo anterior a efecto de que el Congreso Nacional elija a los nuevos magistrados de entre los mejores candidatos.
Los firmantes de la Mesa Ciudadana, ACTJ, Grupo Patria y la Coalición Anticorrupción (CAC) precisan que si renuncian a una nueva ley “es señal inequívoca de que desistimos de construir un Estado de Derecho para los ciudadanos”.
De no acontecer una reforma en para la elección de los magistrados y fiscales, quedaría de manifiesto que no existe un interés real para que Naciones Unidas auxilie a Honduras en el establecimiento de la CICIH, señalan.
COMUNICADO:
Quienes firmamos este comunicado tenemos la firme convicción de que nuestro sistema de justicia es uno de los principales problemas que tiene el país y que es necesario resolver en favor del desarrollo democrático por lo siguiente:
- Porque, desde hace mucho, abandonó su función de defensor del ordenamiento jurídico para asumir el rol de defensor del Poder, suministrando impunidad a quienes lo ejercen arbitrariamente y a aquellos con quienes éstos se relacionan por razones políticas, de negocios o de otra índole.
- Porque su negligencia permitió el crecimiento y fortalecimiento de las redes de corrupción que saquearon los recursos de las instituciones públicas, cuyos integrantes acumularon patrimonios multimillonarios, que hoy, presas del pánico por las medidas adoptadas por el Congreso Nacional, pretenden proteger buscando refugio en el exterior.
- Porque su indiferencia ante el fenómeno del narcotráfico y, en ocasiones, hasta su complicidad, estimuló su crecimiento y favoreció que operara un sistema de poder paralelo al estatal, en aquellas áreas del territorio nacional en que operaban impunemente, a cuya autoridad quedaban sometidas las personas y propiedades, de las que abusaban sistemáticamente.
- Porque este ambiente de impunidad propició que se establecieran estrechas relaciones entre las redes de corrupción y de narcotráfico, cuya protección, según denunciaron los fiscales federales de EEUU que conocen los juicios contra los narcos hondureños, fue asignada al sistema, la que cumplió con tal eficiencia que solamente la justicia extranjera pudo penetrar ese muro de impunidad, colocándonos en la categoría de Narco Estado y provocando la vergüenza nacional y el repudio internacional.
