Tegucigalpa.- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, pasó la noche del viernes bajo arresto domiciliario, luego de ser destituido por el Senado y recibir una orden de detención emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política y financiera relacionada con Ueno Bank.
La Policía Nacional confirmó que Peña permanecía detenido en su residencia, ubicada en Asunción, después de que agentes policiales y representantes del Ministerio Público se presentaran en el lugar para notificarle la disposición judicial. La medida establece que deberá permanecer bajo custodia domiciliaria mientras comparece ante las autoridades fiscales.
La detención se produjo pocas horas después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante un juicio político. Los 44 senadores presentes votaron a favor de removerlo del cargo, al considerarlo responsable de mal desempeño de sus funciones en medio del escándalo financiero que involucra a Ueno Bank.
Investigación por presuntas irregularidades
La Fiscalía investiga al exmandatario por su presunta participación en hechos relacionados con lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Las diligencias buscan esclarecer posibles irregularidades financieras y los vínculos que Peña habría mantenido con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.
Entre los elementos bajo investigación figuran sus anteriores participaciones accionarias en Ueno Holding, valoradas en 6,144 millones de guaraníes, así como otros instrumentos financieros vinculados a la entidad. Peña había declarado estas inversiones en 2023 y posteriormente vendió sus acciones en abril de 2025.
Las autoridades también investigan posibles responsabilidades de funcionarios y directivos financieros por el manejo y la supervisión de los recursos de la institución bancaria.
Crisis de Ueno Bank sacude a Paraguay
El caso provocó una fuerte conmoción económica y política en Paraguay, luego de que la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank generaran dificultades para miles de clientes y depositantes que denunciaron problemas para acceder a sus recursos.
La entidad financiera mantenía vínculos con importantes fondos públicos y privados, lo que incrementó la preocupación sobre el alcance de las presuntas irregularidades.
Con la destitución de Peña y la orden de arresto, el caso entra en una nueva etapa política y judicial. Mientras tanto, las autoridades deberán continuar las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes. Las acusaciones contra el exmandatario todavía deben ser esclarecidas en el proceso judicial.
