Tegucigalpa.- El dirigente obrero Daniel Durón, planteó que, si la inflación alcanza los dos dígitos, tendrá que haber reajustes en el salario mínimo y salarios del sector público.
Durón anticipó que este martes comenzarán las mesas de información para iniciar la revisión de datos, ya que si bien es cierto existe un acuerdo del salario mínimo establecido para el 2022-2023, hay una cláusula de salvaguarda.
Según argumentó, la cláusula es de protección, porque está establecido que, si la inflación pasa de lo acordado, se deberá revisar el acuerdo; eso en cuanto al salario mínimo.
En tanto para el salario del sector público y maestros, este año se vence el acuerdo que estaba vigente desde el 2019, y más bien la negociación ya se debió haber iniciado.
En ese sentido, los empleados públicos exigen un ajuste de 4 mil lempiras, para el salario hay una propuesta que todavía no es revelada.
Al cierre del presente año la inflación en Honduras será de un 10 por ciento y para el 2023 el fenómeno económico seguirá afectando de manera directa a la población, advirtieron economistas.
Para países como Honduras, la inflación es significativamente importante, pues son naciones con bajos ingresos donde la población se podría clasificar como población pobre o en extrema pobreza y sufren más cuando tiene inflación alta, debido a que el poder adquisitivo baja y estas personas no pueden hacer sustitución de bienes y servicios.
Para los obreros, las cifras de inflación que da a conocer el Gobierno no reflejan la realidad económica del país y por lo tanto los salarios deben ajustarse al índice real.
Recientemente, las centrales obreras solicitaron al Gobierno un ajuste de cuatro mil lempiras en el salario mínimo, exigiendo a su vez la instalación de una mesa de negociación.
En su momento, en un comunicado señalaron que, “en los últimos seis años hemos recibido ajuste salarial y no es posible que este gobierno no dé una respuesta positiva a la clase trabajadora”.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una reunión entre los representantes de las centrales obreras con el Gobierno.