El nombramiento ilegal de procuradores debe corregirse para evitar repercusiones, señala el director de la ASJ

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Tegucigalpa.- El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló que se debe corregir el nombramiento de los procuradores de la República para evitar repercusiones.

Hernández recordó que desde ASJ se denunció el nombramiento “inconstitucional” de los procuradores.

“Distintos sectores nos pronunciamos, el sector privado y la comunidad internacional lo hizo también porque era el inicio del actual Congreso Nacional y sentíamos que era un mal mensaje el que se estaba enviando a la comunidad internacional”, dijo.

Además, indicó que el procurador general es una “pieza clave” en la lucha contra la corrupción y parece absurdo que el Estado de Honduras esté solicitando una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, después del nombramiento.

“Lamentablemente pasó un año y eso no se ha corregido. Nosotros esperamos que esta nueva denuncia del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) haga reflexionar a las y los congresistas para que se den cuenta que la Constitución de la República ya establece algunos requisitos fundamentales y uno de ellos es que tienen que tener el título de notario, pero obviaron eso”, puntualizó.

Desde ASJ confían en que los políticos puedan corregir los nombramientos y la denuncia del CNA siga el curso normal en el Ministerio Público.

El nombramiento “ilegal” de los procuradores podría traer repercusiones porque son los abogados del Estado, alertó.

Lo anterior en relación a las eventuales demandas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H).

“Pero ojalá se corrija y ¿Cómo se corrige? nombrando a otras personas conforme a lo que establece la Constitución de la República”, recalcó.

Esta semana, el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el procurador general de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas y el subprocurador Tomás Emilio Andrade Rodas, por violentar la normativa constitucional en su nombramiento.