Advierte el PINU-SD: Liberalizar la compra y venta de la vacuna contra el Covid-19 violenta derechos constitucionales

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MAYA TV

La bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) en el Congreso Nacional advirtió hoy que la pretensión de liberalizar la compra, venta, distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID 19 violenta derechos constitucionales ya que la mayoría de hondureños no podrán accesar, en igualdad de condiciones, a ese fármaco.

Gutiérrez manifestó su desacuerdo ante la pretensión que existe, por parte del gobierno, de liberalizar la compra, venta, distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

“Nos manifestamos totalmente en contra ya que eso violenta el derecho de los hondureños de accesar en igualdad de condiciones a la vacuna contra el COVID 19 y violenta los derechos establecidos en la Constitución de la República”, argumentó.

• En cuanto a la crisis electoral, Gutiérrez dijo que el tiempo les está dando la razón ya que desde un inicio su bancada advirtió que se podía generar esta crisis por la manera como fueron escogidas las personas que dirigen organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas.

El 20 de febrero pasado, la diputada alertó del peligro que representa para la salud de los hondureños que el Congreso Nacional (CN) haya eliminado de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos Contra el COVID-19, al Consejo Consultivo de Expertos y la certificación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).

En cuanto a la crisis electoral que se vive actualmente en el país, Gutiérrez dijo que el tiempo les está dando la razón ya que desde un inicio su bancada advirtió que se podía generar esta crisis por la manera como fueron escogidas las personas que dirigen organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas.

Indicó que el Congreso Nacional, con mayoría de diputados nacionalistas, tiene responsabilidad en toda esta crisis que se ha generado porque no tuvo la capacidad de generar los consensos para aprobar la nueva Ley Electoral que incorporara la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, el voto electrónico y la tarjeta electrónica, entre otras reformas.

Además, cuestionó que el Congreso Nacional tampoco tuvo capacidad de aprobar la Ley Procesal Electoral para que el Tribunal de Justicia Electoral tenga la herramienta jurídica y poder, de una manera legal, enfrentar las denuncias que se puedan presentar después del proceso primario e interno.

Hasta ahora, se han presentado múltiples quejas en torno al proceso electoral primario e interno en el que participaron tres partidos políticos (Liberal, Nacional y Libre) y que se llevó a cabo el pasado 14 de marzo.

Entre los cuestionamientos se señala que miles de jóvenes, que se enrolaron por primera vez, no pudieron asistir a ejercer el voto por no tener su Documento de Identificación Nacional. De igual manera, que muchas personas tenían que reclamar su documento de identificación lejos del lugar donde se enroló y presentó toda la información personal requerida.