Tegucigalpa.- Honduras continúa enfrentando obstáculos en el proceso de designación de un nuevo fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028, ya que, hasta el momento, no se ha alcanzado el mínimo de 86 votos necesarios en el Congreso Nacional para considerar y votar una moción al respecto.
La situación se ha vuelto aún más compleja debido a las opiniones divergentes de figuras destacadas en la esfera política y legal del país.
A través de las redes sociales, el exfuncionario Edmundo Orellana ha planteado cuestionamientos sobre la investidura de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, quienes ocuparon los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, en el último periodo.
Orellana argumenta que si se considera que la investidura de Chinchilla ha caducado, lo mismo debería aplicarse a la de Sibrián, y, en consecuencia, el próximo titular del Ministerio Público debería tomar medidas legales contra este último por seguir ejerciendo el cargo ilegalmente.
Sin embargo, la respuesta de Sibrián a estas afirmaciones ha sido contundente.
El exfiscal ha cuestionado la situación de los magistrados que continuaron en sus cargos después de que concluyera su periodo, haciendo referencia al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que los funcionarios permanecerán en sus puestos hasta que se elijan a sus sucesores.
Sibrián ha planteado la pregunta de si estos magistrados también deberían ser acusados si se considera que su permanencia constituye un delito.
La situación se complica aún más por la presentación de una «renuncia condicionada» por parte de Sibrián ante el Congreso Nacional. Esta renuncia busca aclarar si el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es aplicable en su caso y si su renuncia debe ser aceptada.
Si el Legislativo decide aceptar la renuncia de Sibrián, se deberá someterla a discusión y obtener 86 votos a favor para que sea efectiva, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre a la situación.
La falta de consenso en el Congreso Nacional y las divergentes interpretaciones legales han contribuido a la parálisis en el proceso de designación de nuevos funcionarios en Honduras. La situación sigue sin resolverse, y la incertidumbre persiste en torno a quiénes ocuparán los cargos clave en el Ministerio Público en los próximos años.
