Tegucigalpa.- El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, opina que el Congreso Nacional debería aceptar la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla si ya no desea formar parte del gobierno.
Reina expresó que no le corresponde dictar lo que el Congreso debe hacer, pero afirmó: «Si él (Nasralla) quiere irse, tiene el derecho de que salga del gobierno porque no aportaba nada más que críticas. Si no quiere estar en el gobierno, pues que no esté».
Luego de un análisis jurídico constitucional, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, declaró que la solicitud de renuncia del designado presidencial no procede y, por lo tanto, no se sometió a votación en la sesión del miércoles 24 de abril.
Sin hacer referencia a esta decisión de Redondo, el canciller señaló que depende de lo que determinen los diputados del Congreso, pero insistió en que «si alguien no desea estar en algo, tiene el derecho de retirarse, sobre todo si no aporta nada, está bien que se le acepte», según publicaron medios hondureños.
El alto funcionario también recordó que la presidenta Xiomara Castro instó a sus funcionarios a presentar la renuncia si ya no desean continuar debido a aspiraciones políticas.
Solicitud de renuncia
Salvador Nasralla anunció el 1 de abril que renunciaría a su cargo como designado presidencial para buscar una precandidatura presidencial y debido a desacuerdos con el Gobierno. Oficializó su decisión presentando una carta en el Congreso el 10 del mismo mes, donde el presidente Luis Redondo anunció que sometería la solicitud a un análisis jurídico.
Según el análisis jurídico presentado por Redondo el pasado miércoles, la renuncia de Nasralla para buscar la presidencia es considerada «ilegal».
Diversos sectores, incluidos diputados de oposición, han criticado a Redondo por no tramitar la renuncia de Nasralla, argumentando que sí puede aspirar a la presidencia porque no ha ejercido ese cargo.
Por su parte, Salvador Nasralla criticó a Luis Redondo, argumentando que este ignoró el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al no tramitar su renuncia.
