El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, afirmó que las recientes reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación penitenciaria otorgarán al Poder Judicial nuevas herramientas para enfrentar a las asociaciones criminales y terroristas en Honduras.
Vallecillo explicó que las modificaciones, aprobadas por el Congreso Nacional, permitirán fortalecer la coordinación entre jueces, fiscales y cuerpos de seguridad una vez que las disposiciones entren en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El titular de la CSJ señaló que el Poder Judicial coincidió con algunos de los planteamientos incluidos en las reformas, particularmente con aspectos analizados por la Sala de lo Penal. Sin embargo, indicó que hubo disposiciones sobre las cuales no existió consenso debido a los compromisos internacionales asumidos por Honduras.
En ese sentido, Vallecillo explicó que algunas modificaciones requieren considerar previamente la denuncia de determinados tratados y convenios internacionales. Aun así, aseguró que el Poder Judicial remitió sus observaciones al Congreso Nacional para que fueran tomadas en cuenta durante el proceso de discusión y aprobación.
Entre las reformas aprobadas figuran el endurecimiento de las penas relacionadas con terrorismo, cambios en los procedimientos de investigación y disposiciones orientadas a fortalecer el régimen penitenciario. También se contempla ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales en determinados casos y establecer condiciones para realizar allanamientos durante operaciones interinstitucionales.
El presidente de la Corte Suprema recordó que la función de los jueces es “juzgar y ejecutar lo juzgado”, por lo que corresponderá a los operadores judiciales aplicar las nuevas disposiciones conforme a los requerimientos presentados por el Ministerio Público y las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad.
Vallecillo sostuvo que la aplicación efectiva de las reformas dependerá de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad para la población hondureña.
