Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció el martes 29 de marzo, a través de redes sociales, que la ex primera dama Ana García trasladó en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández y una empresa de bienes valorados en unos 60 millones de lempiras en concepto de dación en pago a un banco hondureño.
Ana García hizo la transacción el 21 de marzo de 2022, siete días antes de que se conociera la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición de Hernández, según publicó el CNA en Twitter.
«El 21/03/2022, a siete días de conocer la resolución final sobre su extradición, Ana García -en nombre de Juan Orlando Hernández e Inversiones del Río S. de R.L.- trasladó bienes valorados en un aproximado L 60 millones a un banco hondureño en concepto de dación en pago», indicó el organismo anticorrupción.
En la misma publicación el CNA detalló lo que calificó como «la jugada adelantada de JOH» la fecha y valores de tres bienes inmuebles que trasladó la exprimera dama al banco hondureño, al cual no hizo mención.
Dos de los bienes dados en dación de pago (entregas como pago de deudas) se dieron el 21de marzo, como Hato de Enmedio y Villa Palmeras por 28,255.07.96 lempiras, y la finca rústica «El Higuerito» por 31,864.220.00 millones, detalló el CNA.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó que el Ministerio Público no aplicó la privación de dominio de estos bienes dados en dación «si existen indicios de que son producto del narcotráfico».
A su vez la organización esperaría que la Fiscalía hondureña actúe con el resto de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández para evitar más procesos de dación.
El abogado penalista, Marlon Duarte, explicó en Hoy Mismo de Televicentro que la dación en pagos es una figura de simulación de contratos, en donde quien recibe pago de estos bienes no necesariamente tiene que ser un acreedor, pero si es el sistema bancario que lo recibe «es una situación delicada» si previo no hay una demanda.
«Para llegar a esta posibilidad se tiene que tener una deuda vencida y mínimo una demanda de recibimiento de pago, pero si es solamente para ocultar el origen de los bienes puede actuar el Ministerio Público.
