La jueza encargada del proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y exintegrantes de la Comisión Permanente ordenó su detención y libró una orden de captura contra Edis Antonio Moncada, exdirector de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), según información publicada este viernes 23 de octubre de 2026.
El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó que las órdenes de captura fueron recibidas por las autoridades y remitidas a las instancias correspondientes para su ejecución.
“Recibimos anoche las dos órdenes de captura, por lo que se procederá a su ejecución”, manifestó el funcionario, al referirse a las medidas judiciales emitidas contra ambos exfuncionarios.
El caso se deriva de un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra 14 personas, entre ellas Redondo, exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y el exdirector de la ENAG. La acusación comprende un total de 21 presuntos delitos relacionados con actuaciones legislativas durante el período anterior.
Investigación por decisiones de la Comisión Permanente
Las diligencias judiciales están vinculadas con decisiones adoptadas por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, relacionadas con un decreto que ordenaba el recuento de votos de las elecciones generales de 2025.
De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, las autoridades investigan si los señalados excedieron las facultades constitucionales del Poder Legislativo e intervinieron en atribuciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el caso de Luis Redondo, el requerimiento fiscal incluye señalamientos por presunta perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Por su parte, Edis Antonio Moncada es señalado por presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, otros señalados en el proceso han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que se establezca una fecha para comparecer voluntariamente ante las autoridades.
El caso continúa su curso en el sistema judicial hondureño, donde deberán desarrollarse las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades individuales conforme a la ley y respetando el debido proceso.
