Tegucigalpa, Honduras —El asesor presidencial Marvin Ponce afirmó que tres exfuncionarios vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) estarían siendo investigados y anticipó que podrían presentarse nuevos requerimientos fiscales relacionados con personas que ocuparon cargos durante la administración anterior.
A través de publicaciones en su cuenta de la red social X, Ponce aseguró que existen investigaciones en curso contra tres exfuncionarios de Libre, aunque no identificó públicamente a las personas señaladas ni proporcionó detalles sobre los expedientes.
El asesor presidencial también sostuvo que durante el gobierno de Libre algunos funcionarios se habrían enriquecido de manera ilícita. Sin embargo, estas afirmaciones fueron realizadas por Ponce y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.
Ponce agregó que las investigaciones podrían derivar en nuevos procesos ante el Ministerio Público y cuestionó a quienes, según afirmó, han defendido públicamente a personas señaladas por presuntos actos de corrupción.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el Ministerio Público mantiene abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con funcionarios, exfuncionarios y diputados vinculados a Libre. Entre ellas figura una investigación sobre el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que aparecen mencionados diputados y antiguos funcionarios de esa institución.
De acuerdo con información publicada sobre ese expediente, la investigación se encuentra en una etapa en la que la Fiscalía busca recopilar y analizar información para determinar posibles responsabilidades individuales. La existencia de una investigación no significa que las personas mencionadas hayan sido declaradas culpables.
Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los nombres de los tres exfuncionarios a los que hizo referencia Ponce ni se ha confirmado públicamente que todos ellos enfrenten un requerimiento fiscal.
Las autoridades competentes deberán determinar, mediante las investigaciones correspondientes y respetando el debido proceso, si existen elementos suficientes para presentar acusaciones ante los tribunales de justicia.
