El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, se pronunció sobre el requerimiento fiscal presentado contra integrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional y pidió al expresidente del Legislativo, Luis Redondo, que comparezca ante el Ministerio Público para presentar sus argumentos y demostrar su presunta inocencia.
Contreras cuestionó que Redondo defienda públicamente la legalidad de las actuaciones de la Comisión Permanente, pero no se presente ante las autoridades para aportar las pruebas que, según sus argumentos, respaldarían su posición.
“¿Por qué no se presenta él en el Ministerio Público? Que venga desde España, donde esté él, y se presente y demuestre las pruebas que tiene”, manifestó el edil.
El dirigente liberal también cuestionó las actuaciones de la Comisión Permanente y sostuvo que un grupo reducido de diputados no podía asumir atribuciones que correspondían al pleno del Congreso Nacional.
Contreras rechazó además los señalamientos de persecución política expresados por algunos de los investigados y afirmó que el proceso representa, a su criterio, un mensaje de que ninguna persona está por encima de la ley.
El alcalde también acusó a los integrantes de la Comisión Permanente de haber intentado prolongar la permanencia del partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder tras las elecciones, una afirmación que forma parte de su valoración política sobre las actuaciones de ese órgano legislativo.
El requerimiento fiscal contra Redondo y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente contempla a 14 personas y 21 delitos, según información del Poder Judicial. A Redondo se le atribuyen, entre otros, presunta perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
El caso se encuentra bajo conocimiento de la justicia hondureña y deberá avanzar conforme al procedimiento legal correspondiente. La presentación de un requerimiento fiscal no constituye una condena, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que correspondan.
