La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la forma en que se aplica la justicia en Honduras tras el reciente requerimiento fiscal presentado contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros exintegrantes de la extinta Comisión Permanente.
El Ministerio Público presentó el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos relacionados con actuaciones de la Comisión Permanente. El proceso se encuentra bajo conocimiento de la jueza natural designada para el caso.
Castellanos sostuvo que estas acciones representan una prueba para la institucionalidad hondureña y señaló que la legitimidad de la acción penal no depende únicamente de las personas investigadas, sino también de que las autoridades actúen con criterios de independencia, objetividad e igualdad ante la ley.
La directora del CNA también cuestionó lo que calificó como una posible aplicación desigual de la justicia y llamó la atención sobre otros expedientes de interés público que, según señaló, han enfrentado diferentes situaciones procesales.
Entre los casos mencionados figuran el sobreseimiento definitivo que favoreció al expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, la mora judicial relacionada con el proceso contra Marco Bográn y la revocación del auto de formal procesamiento contra el exdirigente David Chávez. Asimismo, expresó preocupación por el eventual retorno de figuras como Ebal Díaz y Ricardo Cardona mientras permanecen pendientes distintas responsabilidades judiciales.
Castellanos enfatizó que investigar posibles abusos de poder es una obligación de las instituciones, pero consideró que esa actuación debe estar acompañada por investigaciones diligentes en todos los casos que ameriten una respuesta judicial.
El CNA ha insistido en que los procesos por presunta corrupción deben desarrollarse con transparencia, respeto al debido proceso y sin distinciones políticas, de manera que las responsabilidades sean determinadas por las autoridades competentes conforme a la legislación hondureña.
La presentación de un requerimiento fiscal constituye el inicio de un proceso judicial y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad de las personas señaladas.
