Según el OBSAN, unos 2.2 millones de hondureños se encuentran en crisis de seguridad alimentaria

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Tegucigalpa.- Expertos del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), consideran que más de 2.2 millones de hondureños se encuentran en crisis de seguridad alimentaria como consecuencia de la situación económica por la pandemia, las alzas internacionales al precio del petróleo y fertilizantes, además del impacto de la guerra en Ucrania.

Investigadores y analistas de la plataforma digital y física para la gestión del conocimiento en seguridad alimentaria y nutricional, también alertaron que la situación se puede agravar y afectar a más ciudadanos en los próximos meses.

Cristian Manzanares, analista del OBSAN indicó que, “en caso de que el conflicto continúe, veremos una tendencia a que los precios se eleven; tuvimos un buen clima y las cosechas de granos básicos están con una buena mirada, sin embargo, esto no evita la parte de acceso ya que va a costar mucho más la adquisición de los producto”.

Manzanares invitó a las familias a poner en práctica estrategias como el ahorro, saber comprar de manera sistemática, y buscar en que mercados los productos son más baratos, ya que estos simples hábitos pueden ser muy útiles para las familias hondureñas, teniendo en cuenta el clima económico mundial.

“Desde el OBSAN estamos trabajando en la propuesta de una canasta básica alimentaria que se adapte a las necesidades alimentarias del pueblo hondureño”, proyectó.

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Universitario, al menos 350 mil hondureños se encuentran en emergencia de seguridad nutricional y podrían caer en hambruna; igualmente indican que muchos de los hogares afectados solo se alimentan una vez al día como estrategia de sobrevivencia.

“Nosotros en el OBSAN Manejamos que una de las soluciones para aquellas personas con mayor vulnerabilidad son los huertos y la agricultura familiar, estas soluciones son recomendadas por la FAO, donde las familias más afectadas del área rural pueda tener acceso al autoconsumo y el excedente puede ser utilizado para la venta, que les permitiría acceder a más insumos, educación y mejorar su calidad de vida”, agregó el analista.

Según los especialistas alrededor del 65% de los hogares no logran cubrir el costo de la canasta básica y existen regiones como la Mosquitia en donde el 43%  de los ciudadanos enfrentan una severa situación de inseguridad alimentaria.

Lamentablemente, analistas no descartan que a finales del año se declare una emergencia en seguridad alimentaria y nutricional, por lo que hacen un llamado al Gobierno de la República y a los ciudadanos a adoptar medidas para mermar el impacto en los hogares hondureños.

UNAH-TEC Danlí ejecuta proyecto sobre desarrollo e innovación de productos alimenticios con pobladores de El Paraíso

Ante este panorama, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del el Centro Tecnológico de Danlí, se encuentran colaborando en un impulso que promete contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de al menos 100 familias en riesgo de inseguridad alimentaria en el departamento de El Paraíso.

La iniciativa estará coordinada por la Universidad de Sevilla, acompañada por el consorcio conformado por la Fundación ETEA que es el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, Cauchos Pedro Romero, S.L, además se contará con el apoyo de profesores y alumnos de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y la Licenciatura en Enfermería.

El proyecto que estará en vigencia durante aproximadamente 18 meses, con fecha prevista de inicio en noviembre, prevé generar alternativas de utilización de desechos y subproductos agroindustriales de cultivos afectados por el cambio climático, mediante el fortalecimiento de la innovación y desarrollo de productos sostenibles.

Durante la ejecución de la iniciativa se espera contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, fomentando la economía circular en Honduras por medio de la producción de harinas de cultivos cosechados en la región, para después capacitar por lo menos 100 familias en condición de riesgo de inseguridad alimentaria en la elaboración de harinas y la preparación de alimentos a partir de estas.