Tegucigalpa.-El Diario Oficial La Gaceta publicó este sábado la amnistía para presos políticos y de conciencia, que aprobó el Congreso Nacional presidido por el diputado Luis Redondo.
El tan criticado decreto de amnistía política ya es ley de la República al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Honduras.
La aprobación de la amnistía política despertó el repudio de varios sectores, porque es considerada un nuevo “pacto de impunidad”.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso que preside Luis Redondo la noche del 2 de febrero y contemplaría un conjunto de normas en materia penal y política en la que se verían beneficiados funcionarios que estuvieron en la gestión del Poder Ciudadano en 2006-2009.
La normativa exactamente la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
El capítulo 1 comienza con la condena al golpe de Estado de 2009 y la derogación del Decreto Legislativo número 141-2009, el cual rechazaba precisamente el golpe de Estado.
El Congreso Nacional que preside Luis Redondo, ya aprobó varios decretos, a pesar de existir una crisis dentro del Legislativo, con la instalación de dos juntas directivas.
En los últimos días, el Paramento dirigido por Redondo, aprobó varias leyes, algunas para beneficiar a los hondureños, como el subsidio a la energía eléctrica y la rebaja de 10 lempiras al galón de gasolinas.
Además, aceptó las renuncias de funcionarios y diputados electos que pasaron a ocupar cargos en el gabinete de la presidenta, Xiomara Castro. Asimismo, nombró a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, el primer repudio para este bando del Congreso, fue la aprobación de una amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, algo que muchos sectores catalogan de “pacto de impunidad” y un blindaje para los corruptos.
Todo lo aprobado, ha despertado la preocupación de entes de sociedad civil, actores y analistas políticos, empresa privada y ciudadanía en general, considerando que se debe resolver la crisis interna, antes de seguir promulgando y aprobando decretos.
