El compromiso del gobierno de Xiomara Castro de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) sigue sin materializarse, a pesar de las presiones nacionales e internacionales.
Este mecanismo, destinado a combatir la corrupción y el narcotráfico con apoyo de la ONU, fue una de las principales promesas de campaña de la mandataria. Sin embargo, a menos de un año de finalizar su mandato, el proyecto permanece estancado.
El reciente escándalo que involucra a Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, grabado en 2013 negociando sobornos con el cartel de Los Cachiros, ha intensificado las críticas hacia la falta de avances en la instalación de la CICIH. Pese a que se abrió un expediente en el Ministerio Público en septiembre, las investigaciones sobre el caso han sido escasas.
La CICIH, concebida como un ente independiente para desmantelar redes de corrupción y narcotráfico, parecía una solución viable para Honduras, un país donde las instituciones judiciales y políticas han sido profundamente influenciadas por el crimen organizado. No obstante, el proceso de negociación con la ONU ha estado plagado de retrasos y falta de transparencia, despertando dudas sobre el compromiso del oficialismo con la lucha contra la impunidad.
El tiempo se agota, y la promesa de un cambio estructural en la justicia hondureña aún no se concreta, mientras los escándalos de corrupción siguen marcando la agenda política del país.
