Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) instó este lunes a la Justicia de Honduras a emitir un «fallo en pleno respeto de la ley» en el caso de ocho ambientalistas detenidos hace más de dos años por oponerse a un proyecto minero.
La Oacnudh expresó, en un mensaje en Twitter, «su preocupación» porque el Ministerio Público de Honduras «no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones» en el juicio contra los defensores del agua, que concluyó el pasado viernes con la etapa de conclusiones.
La Oficina del Alto Comisionado exhortó al poder Judicial de Honduras a emitir un «fallo en pleno respeto de la ley y cumplir con la Constitución, y las obligaciones internacionales que establecen el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia».
Los ambientalistas están presos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
«La Oficina ha monitoreado el juicio oral y público contra los defensores de Guapinol, quienes llevan más de dos años cumpliendo prisión preventiva injustificada, y que finalizó el viernes con la presentación de conclusiones», indicó la Oacnudh en otro mensaje.
Según el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la detención de los ambientalistas «es arbitraria y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Uno de los abogados de los ambientalistas, Edy Tabora, dijo el pasado viernes que en la vista judicial ha quedado demostrado que «el Ministerio Público monta casos contra los luchadores sociales en el país».
La defensa pudo demostrar «con pruebas fidedignas, confiables, objetivas de lo que es capaz el Ministerio Público, con tal de criminalizar a las personas que luchan por los bienes comunes de la naturaleza», señaló Tabora.
La concesión «ilegal» de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company) originó el conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, departamento de Colón, en el Caribe.
La empresa Pinares ha afirmado que «es falso» que los defensores estén presos por defender el ambiente y asegura que lo que buscan es evitar la justicia.
Los acusados «realizaron acciones violentas graves, registradas ampliamente en videos y fotos, en contra de trabajadores, dirigentes patronales, habitantes de comunidades de montaña y nuestra empresa», indicó en diciembre pasado la empresa hondureña. EFE
