Tegucigalpa.- El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Sur (CCISur), Víctor Wilson, alertó que, de aprobarse la Ley de Justicia Tributaria, habría una pérdida de hasta 400 mil fuentes de ingresos.
Wilson calificó al proyecto que impulsa el Ejecutivo como el peor cataclismo económico que sufriría el país.
“Profesionalmente pienso que se van a evaporar durante los próximos tres años entre 100 a 400 mil fuentes de ingresos”, advirtió.
El empresario ahondó que la Ley tiene la capacidad de destruir las industrias meloneras, de okra, camarón y hortalizas de la zona sur del país.
Antes de presentar la ley se debió haber sometido a una empresa de reconocimiento internacional para un estudio econométrico rígido sobre sus consecuencias, consideró.
La cuestionada ley
El 8 de marzo de 2023, el Poder Ejecutivo hizo público el contenido del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria con el propósito de “promover las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración”.
De acuerdo a la información disponible, la adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años.
Además, se estarían derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
También crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Asimismo, eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
