Tegucigalpa – Unas 193 denuncias contra miembros de los cuerpos policiales y militares atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el marco del Estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre del 2022, informó este miércoles la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.
Detalló que, alrededor de 111 quejas fueron interpuestas contra miembros de la Policía Nacional, que involucran como responsables, en su gran mayoría, a los agentes del orden público, cuya dependencia, dirección o unidad no fue posible individualizar por parte de la persona denunciante.
El organismo defensor de derechos humanos, también registró 60 denuncias que fueron interpuestas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y otras 22 contra la Policía Militar del Orden Público.
Los abusos cometidos por los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron como escenario y quedaron registrados en 17 departamentos del país.
En Francisco Morazán, el Conadeh atendió 51 quejas, Cortés (24), Valle (19), Atlántida (16), El Paraíso (15), Choluteca (13), Yoro (9), Comayagua (8), Lempira (8), Santa Bárbara (7), Olancho (7), Copán (6), Intibucá (3), Gracias a Dios (2), Colón (1) e Islas de la Bahía (1).
La comisionada Izaguirre explicó que algunas de las quejas fueron interpuestas contra los miembros encargados de la seguridad y el orden, en Honduras, por hacer uso desproporcionado de la fuerza al momento de la aprehensión y detención de las personas.
Los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado justifican la comisión de sus abusos en contra de la población al poner como argumento que actúan con base a lo establecido en los PCM aprobados, hasta ahora, por el Gobierno.
Preocupa al Conadeh que algunos de los peticionarios se han quejado por la afectación a la integridad personal, por parte de los miembros de los cuerpos policiales y militares, con aparente intención de obtener información.
En otros casos, las personas también se quejaron porque en los allanamientos son objeto de intimidación y amenazas por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad.
Ante el ente estatal de derechos humanos, muchas personas denunciaron que son objeto de vigilancia, por parte de los agentes policiales, que permanecen afuera de su casa de habitación o propiedad.
Además, que, para intimidar y atemorizar a la población, los miembros del orden realizan disparos dentro o fuera de la vivienda o establecimiento.
Otra de las razones, por las cuales, la población, interpuso denuncia ante el Conadeh, es por la imprecisión de las autoridades sobre las razones por la que fue detenida la persona.
Además, porque ejercen coerción para que se les brinde información que se supone es de conocimiento de la persona detenida, también fueron denunciados por no permitir el ingreso de familiares para poder ver al ver al detenido.
Hallazgos de mayor relevancia
El 3 de diciembre del 2022, el gobierno hondureño adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, por medio del cual se determinó la suspensión de varias garantías constitucionales y se instituyó un Estado de excepción que se extendió territorialmente a 73 barrios y colonias en el municipio del Valle de Sula y 89 barrios y colonias en el Municipio del Distrito Central.
Desde ese momento, el Conadeh estructuró una estrategia de monitoreo que incluyó más de una veintena de visitas e inspecciones a los diferentes centros de detención habilitados, entrevistas a las personas detenidas, solicitudes de información y otros mecanismos encaminados a construir un diálogo constructivo sobre aquellas virtudes o defectos de la ejecución de la medida.
Entre los hallazgos, revelados por el Conadeh, en torno al Estado de excepción es que aún no se han brindado suficientes razones argumentativas para comprobar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el sentido estricto de esa medida.
Además, que, existen graves falencias en el registro de la información de las personas detenidas, de tal forma que se detuvo a 505 personas cuyo Documento Nacional de Identidad no fue consignado.
Los datos presentados por la Secretaría de Seguridad no configuran resultados propios del Estado de excepción en los términos planteados por los Decretos.
Resulta imperativo que se adopte una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales a la problemática de la violencia.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas en sus visitas a Honduras han expresado su preocupación por la recurrencia a una indeterminada excepcionalidad.
