Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su informe “Estado de país 2024: Seguridad y justicia”, señaló que Honduras sigue siendo el país más violento de la región pese a reducción en tasa de homicidios.
Según el estudio realizado, a pesar de haber logrado un descenso histórico en la tasa de homicidios en las últimas dos décadas y los esfuerzos gubernamentales por mejorar la seguridad y la justicia en Honduras, el país continúa siendo el más violento de la región centroamericana.
El informe reveló que, a pesar de la reducción del 17 por ciento en la cantidad de homicidios reportada para el año 2023, con un total preliminar de 3.055 casos, Honduras sigue manteniendo la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, alcanzando un índice del 31.3 por cada 100 mil habitantes.
Se especificó que el año pasado estuvo marcado por un aumento del 24 por ciento en los asesinatos de mujeres y una preocupante cifra de muertes violentas de personas de la comunidad LGTBIQ+.
Los hallazgos presentados por la ASJ, con el respaldo del Instituto de la Justicia, desvelaron que el gobierno continúa enfocándose en incrementar el presupuesto de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad. Esta tendencia persiste a pesar de las recomendaciones que sugieren la necesidad de un enfoque más integral en la asignación presupuestaria para abarcar todo el sistema de seguridad y justicia del país.
“Resulta significativo destacar que, en la última década, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad ha superado casi en cuatro veces al asignado al Ministerio Público y ha sido más del doble en comparación con los fondos otorgados al Poder Judicial”, observó la ASJ.
Mientras, el informe también indicó la preocupante disminución en el número de policías en los últimos dos años, lo que podría comprometer el cumplimiento de las metas gubernamentales en términos de seguridad para 2026, que aspira a contar con 28 mil efectivos para ese año.
A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad persiste entre los hondureños, con un aumento en los casos de extorsión y una baja confianza en las instituciones de justicia.
Por otro lado, la ASJ señaló que se registran tasas que superan el 80 por ciento en casos de abuso sexual infantil y de las pocas denuncias recibidas, solo se resuelve el 10 por ciento registrando una tendencia de alza en la impunidad, considerando que el 98 por ciento de los delitos de abuso sexual infantil no son denunciados.
Además, se detalló que el sistema de justicia enfrentó numerosos desafíos en 2023, incluyendo huelgas de fiscales que paralizaron el Ministerio Público durante dos meses y críticas a las medidas implementadas para combatir la extorsión.
Estos problemas han contribuido a niveles bajos de confianza en las instituciones y el desempeño policial, así como una percepción negativa sobre las prácticas de apoyo a las víctimas. Además, Honduras se ubica en el penúltimo lugar de Centroamérica en el índice de estado de derecho, sin mostrar mejoras en el último año.
En respuesta a estos desafíos, ASJ presentó una serie de recomendaciones que incluyen fortalecer la institucionalidad de los operadores de justicia, adoptar estrategias integrales para abordar la extorsión y la impunidad, y garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las acciones gubernamentales.
