Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras está listo para defenderse ante la demanda de hasta por 10.775 millones de dólares, anunciada el martes por una empresa de Estados Unidos, «para protegerse de las violaciones al derecho internacional y hondureño», informó este miércoles una fuente oficial.
«Estuvimos abiertos al diálogo, lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera», dijo a los periodistas el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, al referirse a la demanda de la empresa Honduras Próspera.
Agregó que la empresa envió intermediarios que «nunca llegaron con la intención de conversar para llegar a un acuerdo, sino de ponerle condiciones al Gobierno», como la de suscribir un documento que, según los asesores del Gobierno hondureño, es lesivo para los intereses del país, por lo que no se firmará.
Según Barquero, la demanda millonaria no la podría pagar el país, porque se dejarían de destinar recursos para el desarrollo que necesitan los hondureños.
El alto funcionario subrayó que «es muy poco probable que el monto de 10.775 millones de dólares sea la cifra que el Estado de Honduras tenga que pagar» si la demanda es fallada en contra del país y que «es una cifra que está fuera de toda realidad».
Honduras Próspera interpuso la denuncia ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La empresa señaló en su página electrónica que «Honduras Próspera hizo todo lo razonablemente posible para evitar la presentación de las demandas, pero el Gobierno de Honduras sigue negándose a cooperar con nuestros continuos esfuerzos para encontrar una solución negociada dentro de un marco internacionalmente aceptado».
Honduras Próspera opera en el país centroamericano bajo una polémica ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDE, aprobada durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo (2010-2014), cuando entonces el titular del Parlamento era Juan Orlando Hernández, quien después fue presidente de Honduras (2014-2022).
Desde el inicio las ZEDE fueron rechazadas por algunos sectores que consideran que esa ley, que fue derogada en abril de este año por el Parlamento, lesionaba la soberanía nacional.
«Dependiendo de cómo decida proceder el Gobierno de Honduras, la cuantía de los daños será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses, y de hasta 10.775 millones de dólares si se pierde toda la inversión de los demandantes», señaló Honduras Próspera.
Además, indicó que la solicitud de arbitraje presentada por Honduras Próspera y sus afiliadas bajo el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR), sirve para proteger una inversión estadounidense en Honduras», y que «también da al Gobierno de Honduras la oportunidad de mostrar al mundo que maneja las disputas de inversión de forma razonable». EFE
