El CNA denuncia que la secretividad para la compra de vacunas fue aprobada solo por 49 diputados

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Tegucigalpa.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció este miércoles que apenas 49 diputados de los 120 que conforman en Congreso Nacional, fueron los que aprobaron la Secretividad a los contratos de compras para las vacunas contra el Covid-19.

En un comunicado oficial, el mecanismo anticorrupción de sociedad civil señala inicialmente que su pronunciamiento es debido a su condición de vigilante de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP).Ocultar el mensaje original

Queda registrado en la historia del actual Congreso, la lesiva decisión adoptada por 49 diputados, en donde decretaron por una década la reserva de información para conocer el manejo de fondos públicos que sean invertidos para adquirir vacunas con casas farmacéuticas.

El escrito señala que el zarpazo dictado por los padres de la patria únicamente cierra filas para evitar procesos investigativos a los entes persecutores del delito están realizando, sobre la supuesta compra del inoculante y que hasta el momento no han llegado al país.

Asimismo, recuerda que el IAIP, declaró sin lugar la petición realizada por la Secretaría de Salud (Sesal), ya que la misma no justificaba los preceptos contemplados en el artículo 17 de la ley mencionada y ante tal negativa, funcionarios del Poder Ejecutivo recurrieron al CN con el objeto de que vía decreto se declarara la reserva de la información.

El CNA dice que esa conducta es reiterativa en la administración pública, ya que esas acciones están dejando atados todos los cabos que en un futuro pueda provocarles procesos penales por las nocivas decisiones que han adoptado durante la pandemia, cuya labor únicamente ha sido agenciarse de fondos públicos, cuyo destino es desconocido, tal es el caso de los hospitales móviles.

Finalmente, exigen al CN que recapacite y evite seguir soslayando la transparencia, haciéndole un atento recordatorio y que las decisiones adoptadas el marco de la impunidad, pueden ser revocadas por una nueva cámara legislativa y posteriormente deducirles responsabilidad por la serie de delitos durante los últimos ochos años.