Tegucigalpa.- La Coalición Anticorrupción celebra los requerimientos fiscales presentados por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales, dos contadores de organizaciones no gubernamentales (ONG) y cinco particulares, vinculados a delitos de corrupción.
Esta acción es un avance significativo en la lucha anticorrupción que ha estado demandando la ciudadanía y es el resultado de las diferentes líneas de investigación de los casos que en su momento identificó la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y que ha continuado investigando la UFERCO, de acuerdo a la Coalición Anticorrupción.
Agregan que el requerimiento presentado por la UFERCO le ha generado ataques, tramados por quienes defienden las élites corruptas y se aprovechan de estos actos delictivos, movilizando a su favor personas y sectores que pueden distorsionar la opinión pública, por lo cual pedimos estar alertas para no caer en este tipo de manipulaciones.
“Expresamos nuestro voto de confianza al equipo UFERCO liderado por el fiscal Luis Javier Santos, porque aun con las limitaciones presupuestarias, técnicas y laborales que enfrentan, no han detenido sus investigaciones sobre delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción. Nosotros seguiremos vigilantes ante cualquier hecho delictivo que intente corromper el buen uso de los fondos públicos”, concluye la nota de Coalición Anticorrupción.
Recientemente la UFERCO presentó requerimiento fiscal por los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, y encubrimiento por receptación agravado, en contra del actual diputado Alberto Chedrani Castañeda, y los exparlamentarios José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino, a quienes, conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017, se les vincula con operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional, en colusión con las ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso solidario (OIMSO).
Asimismo, se señalan como responsables de estos delitos a Dalla Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez -presidenta y contador de OLICODE, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera -presidente y contador de OIMSO-, Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahún Orlando Osorto Guevara y Abner Flores Montoya, estos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.
Los involucrados se coludieron para crear ONG que ejecutarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán proyectos, pero al final, solo ejecutaron el 5 % y desviaron 18 millones 950 mil lempiras entre los años 2013 y 2017 para gastos personales y campañas políticas.
