Tegucigalpa.- El abogado y analista hondureño, Fernando González, expresó este día su preocupación por la situación actual en el Congreso Nacional (CN), y dijo que «Si el TSC estuviera completo, podría proceder contra Luis Redondo por no convocar a sesiones».
Esto, durante su participación en el programa «En La Mira» con el periodista Carlos Martínez.
Según González, la parálisis legislativa que ha persistido por más de 50 días es una situación trágica que podría llevar al país a una «depresión legislativa», donde el perjudicado principal sería el pueblo hondureño.
«Es trágico lo que está pasando en el Congreso Nacional, son más de 50 días donde la función parlamentaria se ha quedado estancada. Esto nos puede llevar a varios escenarios, incluso una depresión legislativa, donde el perjudicado no será la clase política, sino que siempre será el pueblo el que paga los platos rotos», señaló.
El abogado enfatizó que la Constitución no permite la disolución de ninguno de los poderes del Estado, ya sea el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y que la forma de gobierno en Honduras es republicana, democrática y representativa, ejercida por tres poderes del Estado independientes.
«No se puede disolver ningún poder del Estado, no hay una manera legal, quizás haya una política, pero legal no existe. Aunque en Hondulandia (Honduras), se puede todo, solo basta que la clase política quiera hacer y deshacer en cualquier madrugón», subrayó el entrevistado.
González también destacó que el CN, según el artículo 205 de la Constitución, tiene la obligación de legislar, crear, derogar y reformar leyes, pero en casi dos meses, poco se ha logrado en ese sentido. Criticó la falta de iniciativas de ley por parte de muchos diputados y señaló que las comisiones no deben reemplazar la función principal de legislar en el hemiciclo legislativo.
El analista señaló que el presidente del poder legislativo, Luis Redondo, tiene la potestad de convocar a sesiones, pero lamentablemente esto no ha sucedido en más de 50 días. Explicó La única entidad que podría proceder contra Redondo por esta inacción sería el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pero actualmente, esta institución está acéfala debido a la falta de un magistrado para suplir la vacante que dejó Roy Pineda, cuando fue electo para conformar el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
González advirtió que si el TSC estuviera completo, podría proceder de oficio contra Redondo. Además, mencionó que, en caso de que se comprueben irregularidades, el Código Penal vigente permite tomar medidas legales contra aquellos que abusen de su autoridad.
El analista criticó que tanto la oposición como el oficialismo se hayan centrado en la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, desviando la atención de los problemas más amplios del país. Según González, la Fiscalía sigue funcionando bajo el liderazgo del abogado Daniel Sibrián, quien actualmente ocupa el cargo de Fiscal General de manera interina, hasta que se elijan las nuevas autoridades.
«La oposición política muchas veces da «manotadas de ahogado», para poder ganar adeptos, diciendo que van a convocar a una sesión extraordinaria, sin embargo todos sabemos que lo que se haga irá a casa presidencial y la presidenta Xiomara Castro no le dará el visto bueno», expresó.
Además, González lamentó la falta de conocimiento legislativo de muchos diputados, señalando que hay un alto grado de «analfabetismo legislativo». Según su perspectiva, la elección del próximo Fiscal General podría retrasarse hasta enero debido a la falta de consenso y la presión política.
Arguyó que la falta de consenso y la presión política podrían retrasar la elección del Fiscal General hasta enero, lo que podría llevar a una situación más complicada en el Congreso y la necesidad de un nuevo pacto social, con posibles implicaciones de perdón, amnistía y olvido. En última instancia, advirtió que la situación actual es un desafío tanto legal como político, y la política suele prevalecer en estos casos.
«Esta depresión legislativa podría conllevar a salidas meramente políticas y no precisamente legales, porque aquí la problemática nacional tiene doble fisonomía, una jurídica legal y otro meramente política y el pulso siempre lo gana la política», concluyó.
