Tegucigalpa – El vicecanciller Gerardo Torres lanzó este martes graves acusaciones contra una diputada del Partido Nacional, afirmando que contrataba sicarios para asesinar dirigentes campesinos en el departamento de La Paz durante la administración anterior.
Las declaraciones de Torres surgen en medio de la controversia por el asesinato del ambientalista Juan López, cuya muerte ha generado fuertes críticas hacia el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sin mencionar nombres, el vicecanciller insinuó que una parlamentaria vinculada al gobierno de Juan Orlando Hernández estuvo detrás de estos crímenes, en un contexto de impunidad que, según él, aún persiste.
“Hay diputadas del Partido Nacional que contrataban sicarios para asesinar dirigentes en La Paz. No se puede hablar de derechos humanos sin justicia”, afirmó Torres durante una conferencia de prensa. Estas declaraciones buscan responder a las críticas de diversos sectores que responsabilizan al actual gobierno por el asesinato de López.
Torres subrayó que, a diferencia de administraciones anteriores, el gobierno actual se compromete a investigar y castigar a los responsables de estos crímenes. «Ahora somos gobierno y vamos a investigar para que los responsables paguen», afirmó el vicecanciller, quien también enfatizó que López era un «compañero asesinado» que debía haber contado con protección.
Juan López, reconocido defensor del medio ambiente, fue asesinado el pasado 14 de septiembre tras salir de una iglesia en Tocoa, Colón. Pese a tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, nunca recibió la protección necesaria.
El asesinato ha provocado condenas internacionales, incluyendo de organizaciones como el Copinh, los garífunas, Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos, quienes han instado a una investigación exhaustiva y a proteger a los defensores de derechos humanos en Honduras.
La denuncia de Torres añade una nueva capa de complejidad a la discusión sobre derechos humanos y justicia en el país, en un momento en que la presión internacional crece para que las autoridades hondureñas actúen contra la violencia y la impunidad.
