Tegucigalpa.- El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, denunció este martes que a cierre del año el sector sigue pagando altos costos por extorsión incluso algunos responden con su vida, aun y con la vigencia del estado de excepción.
“Vemos una Policía Nacional hoy comprometida, vemos algunas instituciones muy tibias, muy frías para el caso para regular instituciones que venden chip”, indicó Cálix.
Además, el entrevistado lamentó la “lentitud” de la Fiscalía en los procesos de judicializaciones, que apenas se contabilizan 56, de las mil 700 capturas que realizó la Policía Nacional. “La Fiscalía va lenta, vemos en los jueces que hay una negligencia para aplicar la ley”, apuntó.
Según detalló, en los 28 años que llevan de pagar dinero por extorsión, ya son más de 3 mil muertes de personas vinculadas con el sector transporte, la mayoría han quedado en impunidad y la cifra de pago asciende a los 18 mil 600 millones de lempiras.
Enmarcado en ese mismo tema, en los recientes días, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su informe “Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados”, reveló que en los últimos cinco años la extorsión alcanzó su nivel más alto en el país.
De acuerdo a la ASJ, los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán concentran la mayor cantidad de víctimas de extorsión en el territorio hondureño, a pesar de la implementación del estado de excepción.
Bajo ese contexto, el informe indicó que, en 2018 el Barómetro de las Américas de Lapop señaló un nivel de extorsión de 8.5 por ciento; cuatro años después, en 2022, una encuesta nacional realizada para ASJ por Le Vote reveló que la cifra subió a 9 por ciento y en mayo de 2023, bajó a 8.4 por ciento. Sin embargo, para noviembre de este año la cifra aumentó a 11.1 por ciento.
Además, el informe indicó que la población ha perdido la confianza en la denuncia, pues en 2019 hubo un total de mil 214 denuncias, pero en el 2023 solo han recibido 760.
