San Salvador.- Unas 200 personas protestaron este miércoles en El Salvador para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos «ilegalmente» durante el régimen de excepción, vigente desde marzo como medida contra las pandillas, y los acusaron de «complicidad» con las violaciones a derechos humanos.
La protesta fue realizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), que en un comunicado de prensa leído públicamente manifestó su rechazo a las actuaciones de los juzgadores.
Señalaron a los jueces que tramitan los casos bajo el régimen de excepción de tener una «complicidad» frente a los «dictados del presidente Nayib Bukele» y afirmaron que esto «los convierte en responsables de violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves» de los detenidos.
«Dichos jueces de instrucción no pueden sustraerse de sus responsabilidades» por las que «responderán», agregaron y los llamaron a «razonar, recapacitar y enderezar sus actuaciones violatorias a los derechos fundamentales contra miles de personas detenidas ilegalmente».
Exigieron además que estos funcionarios, que de acuerdo con organizaciones humanitarias han sido nombrados bajo la modalidad de «jueces sin rostro», revisar los procesos y «poner en libertad a la gente detenida ilegalmente».
Agregaron que los jueces «han procedido a ampliar los plazos en todos los procesos sin que la Fiscalía justifique» la necesidad de alargar la investigación judicial.
Indicaron que esta ampliación de plazos de instrucción por períodos de seis meses, a su juicio, da cuenta de que las autoridades «no han podido encontrar pruebas que vinculen a la mayoría de detenidos con delitos» y «no encontrarán ninguna prueba, pues son inocentes».
Silvia Campos, quien tiene dos hijos detenidos desde abril pasado, dijo a EFE que son «inocentes» y que eran los principales proveedores de su hogar, por lo que llamó al presidente Bukele a que «dejen libres a los inocentes».
«Andamos abogando por los inocentes, no por los delincuentes», subrayó Campos y señaló que ninguna entidad estatal le ha ayudado con el proceso de sus hijos. «Ahora vivimos con miedo de la justicia, no de la delincuencia», acotó.
Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 7.400 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la octava prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras una escalada de homicidios atribuidas a las pandillas.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
De acuerdo con investigaciones del medio local El Faro, la escalada de violencia se dio tras el supuesto quiebre de un pacto entre las pandillas y el Ejecutivo de Bukele, acusación de negociaciones que Estados Unidos también ha hecho. EFE
