Tegucigalpa.- El Ministerio de Defensa aguarda con expectación la aprobación de la licencia ambiental por parte de la Secretaría del Ambiente para dar inicio a la tan debatida construcción de la megacárcel en las Islas del Cisne, ubicadas a 250 kilómetros al norte de Islas de la Bahía en Honduras.
Conocida popularmente como la «Alcatraz hondureña», se espera que esta institución penitenciaria inaugure sus operaciones en diciembre de este año, según fuentes oficiales.
El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, ha afirmado que tanto la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como el Instituto Nacional Penitenciario (INP) han seguido rigurosamente los procedimientos necesarios para avanzar en el proyecto de construcción de esta controvertida cárcel.
«La información que he recibido del secretario de Recursos Naturales y Ambiente indica que toda la documentación está siendo revisada para obtener la licencia ambiental, y una vez que se apruebe, comenzaremos el proceso de licitación», expresó el ministro Zelaya.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios gubernamentales, se estima que la cárcel estará construida para finales de este año, con una inversión prevista de alrededor de 80 millones de dólares (aproximadamente 2 mil millones de lempiras) en infraestructura.
Se ha designado a las Fuerzas Armadas como responsables de la construcción, en colaboración con la Secretaría del Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), según lo anunciado.
Sin embargo, la propuesta ha enfrentado críticas y oposición, especialmente de parte de biólogos y ambientalistas, que destacan el valor ecológico y la singularidad de las Islas del Cisne. Este archipiélago forma parte de áreas protegidas prioritarias a nivel nacional y regional debido a su biodiversidad y ecosistemas únicos.
Además, las Islas del Cisne son custodiadas por la Fuerza Naval de Honduras desde su declaración como territorio hondureño en 1982, con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad en la región.
A pesar de los debates y preocupaciones, las autoridades continúan adelante con el proyecto, mientras la comunidad internacional y los defensores del medio ambiente siguen de cerca los desarrollos y acciones futuras en relación con esta controvertida iniciativa.
