Tegucigalpa.- Alrededor de 100 personas vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinadas en Honduras desde 2001, según el Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh).
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, indicó que la cifra refleja una realidad donde los periodistas mueren de manera violenta y dichos crímenes quedan sin resolver, lo que constituye un problema grave en la nación.
«Tenemos una tasa de impunidad del 90%, es decir, aquí los periodistas son asesinados y sus muertes quedan impunes», manifestó en el foro Frente a Frente de Canal 5.
El presidente del CPH también señaló otros desafíos que enfrentan los periodistas en Honduras, como los delitos contra el honor, que representan una amenaza constante para el ejercicio de la profesión.
«Usted investiga, usted hace su trabajo y la primera respuesta que tiene de la persona que se investiga es: ‘Voy a proceder penalmente contra el periodista’. Estos artículos, que son varios del Código Penal, constituyen una amenaza a través de la injuria, la calumnia y la difamación», explicó Reyes.
En cuanto a la seguridad de los periodistas, el colegiado informó sobre un caso particularmente preocupante: un colega periodista y su familia se vieron obligados a buscar asilo político en Estados Unidos debido a la falta de respuesta del Estado hondureño ante la grave situación de seguridad que enfrentaban. Según el relato, el periodista había sido objeto de extorsión, y cuando se negó a pagar, su casa fue atacada y saqueada por delincuentes, sin que las autoridades intervinieran.
Nuevas amenazas
Además de los desafíos tradicionales, Reyes destacó las nuevas amenazas que enfrenta la profesión periodística en la era digital. En particular, resaltó el problema de la desinformación, señalando que la difusión de noticias falsas a través de plataformas digitales y programas especializados está erosionando la reputación de los medios de comunicación y la credibilidad de los periodistas.
Señaló que estas campañas de desinformación suelen ser orquestadas por personas de distintos sectores, incluso altos funcionarios del Gobierno, y se basan en estrategias elaboradas y programas diseñados para generar y difundir contenido falso con el objetivo de desacreditar a aquellos periodistas que cuestionan las injusticias.
