Tegucigalpa.- La Red Humanitaria de Honduras exhortó este lunes a los diputados que integran el Congreso Nacional para que apruebe la prórroga de la amnistía migratoria.
Mediante un pronunciamiento público, esta organización clamó a las fuerzas políticas que componen este poder del Estado a que retomen la discusión de la amnistía al pago de la sanción administrativa por ingresar de forma irregular al territorio hondureño.
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en el 2023, unos 545 mil 043 personas, incluyendo 113 mil menores, ingresaron al país de forma irregular, lo cual representa un incremento del 188% con relación al 2022.
La respuesta coordinada del Estado fue mejorar las condiciones de recepción de las personas en movimientos migratorios mixtos en las comunidades de tránsito y de acogida y para mitigar los impactos que tienen en las mismas, señaló.
Aplaudió la decisión del INM de habilitar como puntos de entrada las oficinas de Control Interior (El Pescadero) y el Centro de Atención al Migrante Irregular “Francisco Paz” (CAMI), ambos ubicados en el municipio de Danlí.
Asimismo, avaló la designación de la oficina de migración en Trojes y el CAMI en Choluteca para el control migratorio y el ingreso a personas migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad.
Esta medida permitió otorgar un permiso especial de permanencia de hasta 10 días en el país, puntualizó.
Agregó que esta medida humanitaria determinada por el INM contribuye a los esfuerzos en torno a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en movimientos migratorios mixtos y evitar la vulneración de niños y sus familias.
Además, consideró que la exoneración del pago de la sanción administrativa por el ingreso irregular al país fortalece la capacidad de gobernanza en materia migratoria y facilita la identificación de personas con necesidades de protección específica o internacional.
Esperamos que el Congreso Nacional retome el diálogo y apruebe sin dilación la amnistía migratoria para continuar avanzando en la garantía de derechos de las personas en tránsito por el país, concluyó.
