La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante el fiscal general del Ministerio Público una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres y Alberto Hernández, a quienes señala por la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria y Usurpación de Funciones Públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
Según la PGR, la acción legal se fundamenta en la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc —es decir, desde su origen—, de la reforma constitucional y de la legislación que dieron sustento a las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La sentencia fue publicada posteriormente en el diario oficial La Gaceta.
La institución sostiene que, pese a dicha resolución, Jorge Constantino Colindres habría continuado presentándose como autoridad de una denominada “jurisdicción especial” vinculada a ZEDE Próspera.
Asimismo, la PGR señala que el pasado 15 de septiembre Colindres habría juramentado a Alberto Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, atribuyéndole facultades que, según el Estado hondureño, corresponden exclusivamente a las instituciones y poderes establecidos por la Constitución de la República.
Entre las funciones cuestionadas se encuentran atribuciones de carácter jurisdiccional, cobro forzoso de tributos y resguardo del orden público.
La Procuraduría sostiene que estas actuaciones podrían constituir una invasión de competencias reservadas a las autoridades hondureñas y, por ello, solicitó al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
La PGR ha reiterado en documentos oficiales que la sentencia de la Corte Suprema declaró inconstitucionales las ZEDE con efecto ex tunc y que las actividades desarrolladas bajo ese régimen deben sujetarse al ordenamiento jurídico hondureño.
