Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado hondureño a promover un «diálogo sincero y abierto» con todos los sectores, ante la persistencia de la restricción de los derechos humanos en el país.
En su minuta preliminar destacan las violaciones a la libertad de expresión y la inseguridad y temores que aquejan a la prensa.
Recuerdan el alto nivel de inseguridad en el país.
Destacan los derechos de las minorías, la situación de los defensores de la tierra y de los pueblos originarios.
Exhortan a despenalizar los delitos contra el honor.
Tras verificar en terreno, desde el 24 hasta el 28 de abril, la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH presentó 91 observaciones preliminares de su visita in loco al país.
Entre estas observaciones destacan aquellos desafíos y avances estructurales que tiene el país y que se relacionan con desigualdad y pobreza ; salud ; educación; violencia, con un impacto diferenciado en las mujeres; seguridad ciudadana; independencia del Poder Judicial; acceso a la justicia, los conflictos sociales, ambientales y agrarios.
“La Comisión reconoce que, en Honduras, los desafíos en derechos humanos se enfrentan a una realidad compleja en la que confluyen factores y problemas estructurales y de larga data, pendientes e impostergables”, señaló el informe preliminar presentado a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa.
Además, la delegación liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay destacó que “es fundamental que el Estado propicie un diálogo sincero y abierto con todos los sectores, incluyendo a aquellas voces disidentes, y que garantice la participación activa de los grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados en el país”.
“Solo de esa forma el Estado podrá brindar una respuesta integrada que responda efectivamente a estas necesidades, y recuperar la confianza de toda la población en sus instituciones”, puntualizó la CIDH en su reporte.
Durante las 87 reuniones sostenidas con funcionarios, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, privados de libertad y organismos internacionales, periodistas y medios de comunicación, la CIDH analizó problemáticas que afectan particularmente a grupos que se encuentran en situación histórica de discriminación y exclusión.
Entre los grupos vulnerables, la delegación identificó a los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTI, personas mayores, en movilidad humana; defensoras; y privadas de libertad.
Visita a la presidenta
La comisión finalizó sus reuniones con actores del gobierno, la sociedad civil y grupos disidentes con la visita a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ocurrida horas antes de brindar el informe preliminar sobre la experiencia durante la visita in loco.
«El Gobierno abrió las puertas, el Gobierno es transparente y reconoce que hay desafíos en materia de derechos humanos en el país, producto de la deuda histórica, del saldo histórico en materia de derechos humanos que hay en Honduras», dijo el procurador general, Manuel Díaz, en una comparecencia de prensa.
El relator de país para Honduras, Carlos Bernal, reseñó que, durante esta semana, la delegación de la CIDH recibió «testimonios de personas que pertenecen a grupos y colectivos de diferentes estamentos de la sociedad, con el objetivo de hacerse una idea de cómo está el estado de los derechos humanos, no solamente los derechos humanos, sino de los presupuestos para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho».
La delegación
La delegación estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay; la segunda vicepresidenta, Roberta Clarke; el comisionado Carlos Bernal Pulido, relator para Honduras; la comisionada Julissa Mantilla Falcón y los comisionados, Joel Hernández y Stuardo Ralón.
Asimismo, acompañaron a la delegación, la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca; la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad García Muñoz, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
Otras recomendaciones preliminares
La Comisión Interamericana destacó en su informe preliminar que ha seguido de cerca la situación de los derechos humanos en Honduras y detalló que después de su visita realizada tras la ruptura del orden constitucional de 2009, la CIDH ha regresado al país tres veces.
“La desigualdad y la pobreza son factores transversales que limitan el disfrute de los derechos humanos en el país, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, cita el informe en su inciso 7.
También señala que Honduras continúa siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro en la región, donde índices de deserción y abandono escolar son altos y donde hay la escasez y el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos y la inestabilidad laboral en salud.
Otro punto que resalta es que la CIDH expresa “su profunda preocupación por las tomas por la fuerza que se están presentando en centros de salud de segundo nivel regionales y locales por parte de colectivos de carácter político”.
El informe hace referencia al descontento social y conflictos ambientales y territoriales en muchas comunidades de Honduras, así como a los desalojos extrajudiciales, amenazas, intimidación, estigmatización en contra de miembros de las cooperativas, al punto de que ocho líderes campesinos fueron asesinados en los últimos meses.
Libertades restringidas
La situación de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos es alarmante, según la Comisión Interamericana. “Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos en las Américas y en el mundo para la defensa de derechos humanos. En 2022, 17 personas defensoras fueron asesinadas en el país”, cita el reporte.
En cuanto a la situación de los periodistas, la violencia y la impunidad son una de las más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión. La CIDH fue informada del temor de la prensa para dar cobertura a varios temas como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros.
La CIDH y su Relatoría consideran fundamental la adopción de un protocolo especializado que asegure la adecuada investigación de los crímenes contra periodistas; y reiteran su llamado al Estado a dotar de presupuesto a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), y a garantizar su funcionamiento eficaz.
Asimismo, preocupa la permanencia de los delitos de calumnias e injurias en el Código Penal.
Fuente: Proceso Digital
