San José.- Organizaciones no gubernamentales expresaron este viernes que esperan que el Estado guatemalteco acate las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y descarte cualquier iniciativa que pretenda dar amnistías por crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno.
«A la luz de sus obligaciones internacionales, el Estado guatemalteco debe llevar a cabo los procesos penales con todas las garantías, especialmente la debida diligencia, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Argumentos a favor de la extinción de la responsabilidad penal de los autores de estos crímenes para mantener ‘la paz’, son inadmisibles», dijo la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela De León.
La representante de CEJIL manifestó su confianza en que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala «actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia», ya que esto «es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”.
CEJIL forma parte de un grupo de 12 organizaciones que firmaron este viernes un pronunciamiento tras conocerse una resolución del la CorteIDH sobre medidas provisionales y supervisión de sentencia por los casos conocidos como «Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal», «Caso Molina Thiessen» y otros 12 casos contra Guatemala relacionados crímenes durante el conflicto armado interno.
En su resolución, con fecha del 20 de octubre pasado, la CorteIDH reconoció que «el Estado ha procedido a archivar la iniciativa de ley 5377 que pretendía conceder una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno».
Sin embargo, la CorteIDH requirió a Guatemala que, a través de sus tres Poderes, «tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a iniciativas de ley, tales como las 5920 y 6099, que conceden una amnistía para las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno».
Esas dos iniciativas de ley también «disponen la persecución penal de los operadores de justicia que continúen avanzando en la investigación y juzgamiento de los 14 casos que tienen sentencia de la Corte (Interamericana) o que pretendan realizar un control de convencionalidad», agrega la resolución del tribunal.
El grupo de organizaciones que emitió el pronunciamiento este viernes, afirma que las iniciativas de ley a las que hace referencia la CorteIDH son «variaciones de la iniciativa 5377 de Ley de Amnistía que se tramitó en 2019 y fue archivada por la Corte de Constitucionalidad en 2021, debido a que vulneraba el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de casos de graves violaciones a los derechos humanos».
Esas iniciativas de ley imponen la revisión de oficio de condenas por delitos cometidos durante el conflicto armado, así como de cualquier proceso penal o investigación en curso relacionada con delitos cometidos durante este, explicaron las organizaciones. EFE
