Tegucigalpa – La ONG Mesa de Derechos Humanos de Honduras aseguró este miércoles que el país registra «constantes y graves» violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el coronavirus, y rechazó la «falta de transparencia» en el uso de los recursos.
Desde el inicio de la pandemia en Honduras, la Mesa monitorea «la situación democrática» en el país y ha denunciado «las constantes y graves violaciones a los derechos humanos» debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, dijo Sandra Zambrano, activista e integrante de la ONG.
Las denuncias más constantes son «la negligencia en el abordaje de la pandemia, la muerte de poblaciones vulnerables y excluidas», pese a los millones de lempiras destinados para ese fin, subrayó.
FALTA DE TRANSPARENCIA
En una rueda de prensa Zambrano señaló que las 17 organizaciones, que hacen parte de la Mesa, rechazan «contundentemente la falta de transparencia y rendición de cuentas» en el manejo de los recursos para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19, que deja 1.593 muertos y 51.670 contagios en el país centroamericano.
La falta de transparencia impide el fortalecimiento del sistema sanitario y «limita el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud», añadió.
La Mesa de Derechos Humanos exige al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia «actuar de oficio» para investigar a algunos actores estatales, políticos y empresariales que se «han beneficiado ilegalmente como resultado del histórico latrocinio de corrupción en el marco de la pandemia por COVID-19».
Aseguró que la corrupción ha impactado «negativamente» en el respeto de los derechos humanos «agravando la situación de grupos de personas colocadas en situación de mayor vulnerabilidad como niñez, mujeres, comunidad LGBTI, pueblos indígenas, adultos mayores y discapacitados».
En el contexto de la pandemia, las autoridades investigan la presunta corrupción en la compra de equipos y materiales, entre ellos siete hospitales móviles, de los que dos llegaron el 10 de julio procedentes de Turquía, pero hasta ahora no están funcionando.
La compra, valorada en unos 48 millones de dólares, estuvo a cargo de Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H), cuyo exdirector ejecutivo Marco Bográn es investigado por el Ministerio Público tas múltiples denuncias de sectores de sociedad civil.
«JUSTICIA SELECTIVA»
Las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en el uso de los recursos públicos resultan «en cierto modo auxiliados por el poder público, al no investigar con la debida diligencia para actuar contra los responsables», enfatizó la Mesa.
Las organizaciones observan «con preocupación que en Honduras se instaló como política de Estado un sistema de justicia selectiva que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial».
Lamenta además la «falta a la debida diligencia» del Comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, como un «verdadero defensor del pueblo».
Por ello, la Mesa de Derechos Humanos destacó la necesidad de promover en el organismo estatal de derechos humanos «cambios estructurales, incluyendo la despolitización del proceso de selección del nuevo defensor del pueblo, para asegurar una respuesta efectiva a las denuncias de violaciones a los derechos».
La ONG también condenó «enérgicamente» los crímenes «atroces» contra el pueblo garífuna, que incluyen la desaparición forzada, el 18 de julio, de defensores Albert Centeno, Suami Mejía, Milton Martínez, Gerardo Rochez y Junio Juárez, hasta presuntas ejecuciones extrajudiciales.
«Estamos exigiendo una investigación pronta y oportuna para que se dé con el paradero de nuestros hermanos garífunas sustraído de sus casas en el marco de la pandemia», subrayó Zambrano.
Los defensores del territorio ancestral garífuna fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio por hombres que vestían chalecos con el logo de la Dirección de Investigación Policial. EFE
