Tegucigalpa.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado en las últimas horas la nueva lista de funcionarios corruptos conocida como “Engel”, en la cual incluye a 15 hondureños, entre ellos, los actuales diputados Rasel Tomé, Edgardo Casaña y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza.
Hasta abril de 2022 cuando se hablaba de una probable nueva lista el gobierno estadounidense había sancionado a más de 50 personajes de Centro América implicados en acciones corruptas y antidemocráticas.
La primera lista fue proporcionada por el Congreso de EEUU en julio de 2021, en cumplimiento de la legislación impulsada por el excongresista Eliot Engel, quien presidió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en 2020.
La reciente publicación incluye a ocho personajes que fungieron en la administración de Juan Orlando Hérnandez (procesado en EEUU por narcotráfico), cuatro del periodo de Manuel Zelaya, dos del actual gobierno de Xiomara Castro y uno del periodo de Porfirio Lobo Sosa.
Sobre este último el documento de línea anticorrupción hace referencia al exjefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien fue el director de la Policía Nacional de Honduras en 2012 a 2013 y quien actualmente enfrenta los tribunales en Nueva York por narcotráfico.
El periodista estadounidense que investiga sobre la realidad de la nación centroamericana, dijo en su posteo de redes sociales que la publicación deja entrever también “el repudio al nuevo pacto de impunidad en Honduras”.
Esto debido a que el exministro de la presidencia (periodo 2006-2009), Enrique Flores Lanza, fue absuelto en marzo pasado de varios cargos relacionados a la corrupción, amparado en la amnistía política que aprobó el Congreso de la República en febrero de 2022 para supuestamente limpiar de acusaciones a los perseguidos tras el golpe de Estado.
La iniciativa de ley, según Estados Unidos, busca poner atención a las irregularidades cometidas por políticos en Guatemala, El Salvador y Honduras.
LOS MENCIONADOS:
1- David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional
para el Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió los ingresos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
2- Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial
destinadas a reducir la pobreza rural.
3- Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, involucrado en una corrupción significativa al recibir $ 2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuyéndolo indebidamente a los aliados políticos.
4- Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Agricultura
Desarrollo (BANADESA) de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
5- Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual congresista, se dedicó a corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensionados de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y constituyentes, con el fin de asegurar los votos y mantener el poder político.
6- Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Hondureña (ENEE) de 2006 a 2009, involucrada en corrupción relacionados con contratos gubernamentales cuando usó su cargo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés económico.
7- Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, trasladó producto de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
8- Carlos Josué Montes Rodríguez, Secretario del Trabajo de 2006 a 2009, comprometido en corrupción significativa al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
9- Gonzalo Molina Solorzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó en la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
10- Juan Carlos «El Tigre» Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de
2012 a 2013, se involucró en una corrupción significativa cuando usó su posición como Director de la Policía Nacional para facilitar movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
11- Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Ministro de Salud de 2006 a 2009, se comprometió en corrupción significativa al aceptar $235,000 en sobornos para interferir en público Procedimientos de contratación para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.
12- Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente General de Casa Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial
destinadas a reducir la pobreza rural.
13- Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos de la Nacional Banco de Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014, transfirió fondos de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
14- Rasel Antonio Tomé Flores, Vicepresidente del Congreso, participó en importantes actos de corrupción cuando usó su cargo como Presidente de la Nación Comisión de Telecomunicaciones para apropiarse indebidamente de aproximadamente $327,000 en fondos públicos.
15- Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos de la “Tarjeta / Catracha / La Cachureca Programa de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la malversación de más de $500.000 del Bono 10 Mil, proyecto presidencial destinadas a reducir la pobreza rural. RA
