Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, advirtió este domingo que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, enfrentará un proceso judicial por haber sesionado y aprobado préstamos internacionales con apenas 63 diputados, lo que, según dijo, no cumple con el quórum requerido por la ley.
Nasralla explicó que el Reglamento Interno del Congreso Nacional establece que para que una sesión tenga validez se requiere la presencia de al menos 65 diputados, lo cual no se habría cumplido en recientes sesiones legislativas.
En ese contexto, acusó a Redondo de haber aprobado con apenas 63 votos varios préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que considera un acto ilegal. “Es un delito punible, y tanto Luis Redondo como la Secretaría del Congreso deberán responder ante la justicia”, afirmó.
El presidenciable liberal también señaló que el expresidente Manuel Zelaya no será procesado por estos hechos, pero que Luis Redondo sí enfrentará consecuencias legales “por hacer el papel de achichincle”, en sus palabras.
Cabe recordar que el pasado 7 de mayo, el Congreso Nacional aprobó tres préstamos entre el Gobierno de Honduras y la CAF, por un total de 190 millones de dólares, en ausencia de la mayoría de los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal.
El primero de estos préstamos, por 40 millones de dólares, está destinado a un programa de crédito para el subsector cafetalero y al fortalecimiento institucional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con exoneraciones fiscales en la adquisición de bienes y servicios.
El segundo préstamo, por 80 millones de dólares, busca financiar un programa de igualdad de género e inclusión social.
El tercer financiamiento, por 70 millones de dólares, será destinado a un programa de preinversión e inversión pública, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos y de gran escala.
Nasralla considera que la aprobación de estos préstamos sin el quórum correspondiente pone en entredicho su legalidad y podría tener consecuencias judiciales para los responsables de las sesiones legislativas.
