Tegucigalpa.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, enfatizó el miércoles que el Partido Libertad y Refundación (Libre) tiene el derecho otorgado por el pueblo para proponer al próximo Fiscal General de Honduras, como parte de su mandato. Zelaya hizo hincapié en la necesidad de buscar consensos en este momento en el que aún no se han alcanzado acuerdos en torno a esta designación.
En el contexto actual, Zelaya señaló que existe un obstáculo importante, ya que 27 diputados enfrentan acusaciones en el Ministerio Público, lo que dificulta la elección del próximo Fiscal General.
El congresista planteó que la parálisis en el Congreso podría avanzar si los diputados de la oposición reconocen el derecho y deber de Libre de proponer al Fiscal General.
«La salida es que entiendan y comprendan que el pueblo hondureño le dio el mandato a Libre para que condujera los destinos del país, no solo los del Poder Ejecutivo sino también la administración de la justicia», afirmó Zelaya a los periodistas que cubren la fuente legislativa.
Zelaya refutó la idea de que la población votó únicamente para que Libre dirija el país, pero no para elegir al Fiscal General, argumentando que esta percepción es incorrecta.
Además, Zelaya indicó que la oposición se opone a la elección del Fiscal General porque teme que el nuevo máximo funcionario del Ministerio Público aplique la ley. Subrayó que ninguno de los dos bandos cuenta con los votos necesarios, lo que ha generado un estancamiento en el proceso.
A pesar de esta situación, Zelaya expresó confianza en que se pueda elegir al Fiscal General y su adjunto, ya que en política es posible llegar a acuerdos en cualquier momento. Asimismo, dejó en manos del presidente del Congreso Nacional la decisión sobre las sesiones del pleno y sugirió que no deberían llevarse a cabo hasta que se alcance un acuerdo.
Con respecto al plazo que finaliza el 31 de octubre para realizar sesiones legislativas, Zelaya planteó que la comisión podría solicitar una prórroga si fuera necesario. Finalmente, minimizó las acusaciones de la UFERCO en contra de dos expresidentes de la República, señalando que uno está siendo procesado en Estados Unidos y el otro permanece tranquilo en su hogar.
