Tegucigalpa.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó este martes la falta de transparencia en el Congreso Nacional, al señalar que este poder del Estado ha flexibilizado su rendición de cuentas y la ha alineado al discurso político.
“La transparencia en el Congreso Nacional es tan flexible que fácilmente se acomoda al discurso de los otros que fueron peores”, expresó Castellanos a través de un mensaje divulgado en las redes sociales del CNA.
Castellanos criticó que las autoridades legislativas han blindado al Congreso contra los mecanismos de veeduría y auditoría ciudadana, lo que, según dijo, impide la fiscalización adecuada del quehacer parlamentario.
A través de diversos informes, el CNA ha evidenciado lo que califica como un “despilfarro evidente”, baja productividad y una “compulsiva inasistencia” de los diputados a las sesiones legislativas. La organización también ha cuestionado los prolongados recesos aprobados por consenso entre las diferentes bancadas, señalando que ello revela que “sí hay voluntad política, cuando se quiere”.
“La transparencia no es una opción, es una obligación; la fiscalización no es un capricho, es una necesidad; y la democracia no se construye con discursos vacíos, sino con hechos claros y cuentas pendientes”, enfatizó la titular del CNA.
Castellanos también reprochó que, en lugar de enfocarse en legislar en favor del país, muchos congresistas están más interesados en justificar viáticos, subvenciones y compras de productos de alta gama.
“¿Pero quién vela por el cumplimiento de las funciones de estos servidores? ¿Quién revisa la caja chica?”, se preguntó.
Asimismo, señaló que, pese a que la directiva del Congreso Nacional presume haber ahorrado millones de lempiras respecto a administraciones anteriores, esto no significa necesariamente una mejor gestión del presupuesto.
Finalmente, Castellanos defendió la labor de veeduría del CNA a través del Mecanismo de Incidencia Ciudadana, que —aseguró— se fundamenta únicamente en datos publicados por el propio Congreso, con el fin de evitar acusaciones de manipulación o alteración de información.
